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El Gobierno de Fujimori apeló a duras tácticas para derrotar a Sendero Luminoso, represión que le valió recibir un gran apoyo. Pero ahora que Fujimori es juzgado acusado de abusos a los derechos humanos, muchos peruanos que le apoyaron se ven forzados a reexaminar su propia responsabilidad moral en lo que ocurrió.
El régimen autocrático de 10 años de Fujimori se derrumbó en medio de un escándalo de corrupción en el 2000, que comprometió a su más cercano asesor, el entonces jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, obligando a Fujimori a abandonar Perú para exiliarse en Japón, tierra de sus antepasados.
En septiembre fue extraditado de Chile a Perú para responder a la justicia por múltiples cargos por abusos a los derechos humanos, de autoridad y corrupción.
En el juicio que se inicia hoy Fujimori, de 69 años, se enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión y una multa de unos 33 millones de dólares, si es considerado responsable del secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992, y la masacre de 15 personas en un solar en el distrito de Barrios Altos en Lima en 1991.
El juicio también incluye acusaciones de que ordenó el secuestro de un prominente periodista y un empresario, que fueron posteriormente liberados después de ser interrogados por militares.
El ex presidente, que niega tener responsabilidad alguna en los hechos, se enfrenta además otros juicios por diversos cargos.
Sus críticos, especialmente los grupos de derechos humanos, argumentan que Fujimori debe ser juzgado y sentenciado por sus abusos como ejemplo de que los líderes de sociedades democráticas serán responsabilizados por sus acciones autoritarias.
"Nosotros estamos claros en que una estrategia contrasubversiva tiene que tener un pleno respeto a los derechos humanos. La estrategia de Fujimori fue precisamente amputar, y creemos que aquí había suficientes medicinas como para sanar y sacar adelante al enfermo", dijo Miguel Jugo, codirector de la principal asociación de derechos humanos de Perú.
Perú ha cambiado dramáticamente desde que Fujimori huyó hace siete años y envió su renuncia por fax desde Tokio. La democracia se ha consolidado con dos presidentes elegidos libremente y el país ha gozado de seis años de fuerte crecimiento económico sostenido.
Pero muchos peruanos no dudan en sostener que el crecimiento está basado en las reformas de libre mercado implementadas por Fujimori tras cerrar el Congreso en 1992, acusándolo de bloquear sus medidas antiterroristas y sus propuestas económicas. Su desafiante medida hizo que su popularidad se disparara al 80%.
Una encuesta independiente de la Universidad de Lima publicada en octubre, mostró que Fujimori es el segundo político más popular en el país, por encima del presidente Alan García, ahora en su segundo Gobierno, y sólo superado por el alcalde de Lima, Luis Castañeda. Un 55% de los encuestados aprobó su Gobierno, elogiando la guerra contra el terrorismo y la asistencia que brindó a los pobres.
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