Un tribunal de apelaciones argentino ordenó ayer reabrir una causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco.
La Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió declarar nulo el fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría que habia desestimado la denuncia presentada por familiares residentes en Argentina de víctima del franquismo y archivado la querella de genocidio presentada el pasado 14 de abril por familiares de desaparecidos españoles y diez organizaciones de derechos humanos.
La Cámara solicitó al tribunal de primera instancia que libre un exhorto para determinar si en España hay procesos abiertos por los casos denunciados, para luego eventualmente avanzar con la investigación en Argentina.
El reclamo fue hecho en aplicación del criterio de justicia universal al que la Argentina adhiere para crímenes de lesa humanidad, lo que constituye un virtual respaldo al ex juez español Baltasar Garzón.
Garzón fue removido de la Audiencia Nacional por ordenar investigar esos crímenes que el Estado español ha dado por prescriptos.
Las denuncias en Argentina son en su mayoria por fusilamientos sumarios ocurridos entre el 17 de julio de 1936, fecha de inicio de la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, fecha de la muerte del dictador.
La Cámara dispuso que en el exhorto se requiera al gobierno español que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física", llevado a cabo en el período citado.
En las denuncias se reclama que la Justicia argentina investigue esos crímenes aplicando el principio de "jurisdicción universal", según el cual los delitos de lesa humanidad pueden ser juzgados por cualquier Estado si las autoridades judiciales del país donde fueron cometidos no lo hacen.
En el caso, el fiscal Federico Delgado había solicitado la desestimación de la denuncia, porque entendió que en España existen investigaciones penales en curso, lo que fue negado por los querellantes. En primera instancia se desestimó la denuncia, porque la magistrada consideró que no se pueden investigar los hechos denunciados si no se cuenta con el impulso del Ministerio Público Fiscal.
Miembros de asociaciones de derechos humanos españolas que viajaron a Argentina para presentar la querella manifestaron su esperanza en la realización de este proceso.
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