El Gobierno francés presentó un proyecto de ley de protección de los derechos de autor en internet que prevé la suspensión de la conexión a la red de los abonados que se descarguen archivos ilegalmente.
La medida será adoptada tras dos advertencias previas al abonado y a instancias de una autoridad independiente que será creada a tal efecto, precisó el Ejecutivo. Se calcula que podría reducir los actos de piratería entre 70% y 80%.
La suspensión del abono podrá tener una duración de entre tres meses y un año y puede ser modificada si el internauta acepta el pago de una multa. “El proyecto de ley responde a una situación de urgencia, la economía del sector cultural y la renovación de la creación están amenazadas por el robo sistemático de obras en las redes digitales”, indicó el Ejecutivo.
El proyecto de ley recoge las propuestas elaboradas por una comisión que integró a organismos representativos del sector musical, el cine y las empresas de acceso a internet.
El Presidente Nicolas Sarkozy afirmó durante el Consejo de Ministros que “internet no puede ser una zona de no derecho”, según relató el Portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel.
La Ministro de Cultura, Christine Albanel, a cargo del anteproyecto de Ley, consideró el proyecto “equilibrado” y señaló que viene acompañado de “un aumento de la oferta legal” para comprar archivos en internet.
Por su parte, los expertos en Derecho Público del Consejo de Estado solicitaron al Ejecutivo que suavice varias disposiciones del anteproyecto de ley. El texto, cuya versión inicial era durísima, llegó al Consejo de Ministros, sin que se sepa si Sarkozy aceptó las recomendaciones de moderación de los juristas.
Los expertos cuestionan frontalmente uno de los dispositivos más polémicos previstos en la ley antiP2P : el filtrado de Internet. En el anteproyecto de ley se estipulaba que, a solicitud de las sociedades de gestión de derechos de autor, la autoridad independiente podría proceder al filtrado de Internet sin necesidad de pasar por el juez. De hecho, varias empresas, entre ellas Advestigo, ya están filtrando Internet en Francia.
Para el Consejo de Estado, esa actividad de filtrado sólo podrá ser efectuada bajo control judicial, posibilidad que, de hecho, ya existía antes de que el Gobierno se embarcara en la aventura de la ley Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derecho en Internet (Hadopi), cuya vocación primera es precisamente la de instaurar un filtrado sin control judicial.
El segundo punto en que los expertos exigieron una rectificación del Gobierno es en el tipo de sanciones que podrán ser aplicadas a los internautas, y en el tipo de recurso que éstos podrán interponer. El Consejo de Estado pedían que se haga explícito que la Alta Autoridad deberá, primero, contactar al internauta y advertirle, antes de proceder a una sanción, de que podría ir hasta la desconexión limitada. Por otra parte, los juristas solicitan al Gobierno que, en caso de sanción, el internauta pueda recurrir ante un juez de tribunales civiles, posibilidad que no estaba contemplada en la versión inicial del proyecto de ley.
Otros reproches menores del Consejo de Estado aconsejan al Gobierno que prevea una menor duración de las sanciones de desconexión del internauta juzgado pirata y que establezca una moratoria a la entrada en vigor del filtrado y del dispositivo de sanciones.
Además, 14 parlamentarios socialistas -diputados, senadores y eurodiputados- publicaron en Libération un manifiesto contra la ley Hadopi y contra la "caza de internautas dilapidando dinero público".
La medida francesa podría ser 'copiada' por otros países, como el Reino Unido, Suecia y Bélgica, en su lucha contra los intercambios de música y video protegidos por derechos de autor.
En el caso británico, desvelado este año, existe un texto aún no presentado en el que recoge que los clientes sospechosos de ese tipo de prácticas recibirán un aviso en cuanto sean sorprendidos por primera vez, serán suspendidos por algún tiempo a la segunda ocasión y, si vuelven a reincidir, se quedarán sin conexión.
Según señalan varios medios británicos que tuvieron acceso al borrador legislativo, las compañías de banda ancha que no cumplan serán perseguidas legalmente.
En España, el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, afirmó recientemente para Ariadna que "no está claro qué es o no delito, porque la descarga no lo constituye, ni tampoco facilitar el uso masivo a usuarios", y se mostró cauto respecto a las medidas anunciadas en Francia y Gran Bretaña
Rallo afirmó que, por ejemplo, "en España no hay una ley que disuelva el dilema" entre la protección de la propiedad intelectual y la de la intimidad de los usuarios. En cambio, afirma Rallo, estos dos países optaron, al amparo de la legislación europea, por "decantarse de un lado, aunque eso suponga en la práctica una restricción de derechos para sus ciudadanos".
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