En un dictamen de 206 páginas emitido en la localidad de Scranton, el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha una ley aprobada en verano del año pasado que sancionaba a quienes dieran empleo o alquilaran viviendas a los inmigrantes indocumentados.
"La ley federal prohibe a Hazleton aplicar cualquiera de las disposiciones de sus ordenanzas", dictaminó el juez en un pronunciamiento que esa pequeña localidad de 30.000 habitantes puede apelar.
Las ordenanzas promulgadas por el alcalde del lugar, el republicano Lou Barletta, prohibían alquilar apartamentos a inmigrantes indocumentados e impedían que fuesen contratados por empresas.
El fallo de Munley puede ser invocado como jurisprudencia para modificar la aplicación de leyes locales similares en muchas otras ciudades de Estados Unidos, opinaron organismos de defensa de los inmigrantes.
"Este fallo envía una clara señal de que la ordenanza de Hazleton y otras leyes similares contra los inmigrantes son inconstitucionales y no podrán ser mantenidas", dijo Clarissa Martínez, directora de la Coalición para una Reforma Inmigratoria Completa (CCI, por sus siglas en ingés).
Barletta aseguró que la inmigración trajo a su pequeña ciudad criminalidad, droga y pandillas. La mayoría de los inmigrantes de Hazleton provienen de América Central.
"Hazleton, en su empeño por controlar la presencia de un grupo considerado indeseable, violó los derechos de esa gente y los de otros de la comunidad", dictaminó.
Con el apoyo de la influyente Unión estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), varios habitantes de la ciudad, en situación regular, habían presentado la demanda ante el tribunal federal al considerar que dichas medidas ponen en peligro sus empleos y podría forzarlos a dejar su domicilio.
El juez federal les dio la razón: "Aunque las medidas de Hazleton no estén en conflicto con la ley federal, la ciudad no puede implementar una ordenanza violando derechos que la Constitución garantiza a toda persona en Estados Unidos, sean o no residentes legales".
Según Martínez, la decisión de Munley "es una victoria de los esfuerzos de Estados Unidos para restaurar la legalidad y su tradición de justicia e igualdad".
El fallo se produce además en momentos en que empresarios estadounidenses se preparan para enfrentar una ofensiva del Gobierno contra los indocumentados, que brindará a las autoridades migratorias más poder para castigar a las compañías que los contraten.
El gobierno del presidente George W. Bush propuso una regulación federal que según los sindicatos podría conducir a las compañías, deseosas de evitar juicios y multas, a emprender despidos masivos en todo el país.
Muchas ciudades en Estados Unidos están aplicando reglamentaciones locales duras como las de Hazleton para combatir la inmigración ilegal.
Otras ensayan opciones menos represivas, como por ejemplo New Haven (Connecticut, noreste), que aceptó este mes otorgar a los ilegales identificación oficial para evitar su marginalización social.
Hay cerca de 12 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, sobre una población total de 300 millones.
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