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El clima político se tensó ayer aún más ante el anuncio de sectores opositores del inicio de protestas antigubernamentales por la aprobación por parte del oficialismo de un polémico reglamento de debates en la Asamblea Constituyente y contra un proyecto oficial de reforma a la ley de tierras.
Los principales partidos opositores, los prefectos (gobernadores) de seis de los nueve departamentos del país, y los productores agropecuarios del este del país, que generan la casi totalidad de las exportaciones del sector, se han unido para frenar lo que consideran intentos del gobierno de Evo Morales de "conculcar la democracia''.
El ex presidente Jorge Quiroga, líder de la mayor fuerza opositora Podemos, dijo a la prensa que su partido definirá hoy una ofensiva en el plano parlamentario, legal e internacional para ''defender la democracia y preservar la unidad del país'' ante lo que llamó ''una actitud de radicalismo chavista impuesto desde afuera'', en alusión a las políticas tomadas por el presidente Hugo Chávez en Venezuela.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), confirmó que el sector protagonizará en la ciudad de Santa Cruz una marcha contra el gobierno por considerar que las reformas a la ley de tierras que aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados buscan dar al Ejecutivo autoridad discreta para revertir fundos, especialmente de opositores, y entregárselos a colectividades que favorecen al gobierno.
El vocero del Comité Cívico de Santa Cruz, Daniel Castro, dijo a la AP que ese organismo se sumará a la marcha y que la empresa privada ha decidido dar licencia a sus empleados en la tarde para que participen en la protesta.
El Comité también coincide con la oposición en rechazar la aprobación por parte de la mayoría oficialista de un reglamento que permitiría aprobar en la Asamblea la nueva constitución por mayoría absoluta, pues vulneraría la ley de convocatoria al foro en la que se establece que debe hacerse por dos tercios de los votos.
Podemos y Unidad Nacional (UN) exigen que se respete la ley de convocatoria a la Constituyente, donde se exige que la aprobación de la nueva constitución debe hacerse por dos tercios de los votos de los 255 representantes en el foro. El MAS tiene 137 y, por tanto, la mayoría simple con la que podría aprobar la nueva constitución.
Podemos y UN anunciaron ayer que podrían decidir protestas conjuntas, aunque el segundo partido ya inició la semana pasada una huelga de hambre para que se respeten los dos tercios. Alrededor de 60 personas cumplen la medida.
Pero el vicepresidente Alvaro García dio por cerrado el debate y descartó que el MAS vaya a revisar el reglamento. Más bien recomendó a los opositores concentrarse en la conformación de comisiones de la Constituyente para que sus directivas sean "pluralistas''.
A los agropecuarios les pidió flexibilizar sus demandas a cambio de "seguridad jurídica''.
Polémicas medidas
Con el argumento de fiscalizar a los prefectos, el Presidente Evo Morales entregó ayer al Congreso un proyecto de ley que de aprobarse dejará en manos de la mayoría parlamentaria del oficialista MAS la posibilidad de cambiar a las autoridades departamentales electas por voto directo el 18 de diciembre del año pasado.
Según el proyecto, cualquier parlamentario puede pedir informes orales o escritos, interpelar y acordar la censura de los ministros de Estado. Según el proyecto oficialista, los prefectos ingresarían en la misma bolsa y, en consecuencia, de ser censurados por cualquiera de las cámaras, estarían obligados a presentar su renuncia al Presidente de la República, quien definiría su ratificación o cambio mediante elección departamental. En la Cámara de Diputados, el MAS tiene 72 parlamentarios, seis por demás de los 66 que necesita para la mayoría absoluta.
Sin embargo, según Morales, la norma busca fiscalizar los recursos que manejan los prefectos y que llegan casi al 40% de la inversión pública desde que se modificó la Ley de Hidrocarburos. “Autoridades que manejan con transparencia, con honestidad estos recursos económicos...no tienen por qué tener miedo a la fiscalización” señaló.
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