Dieciocho días después de quedar ampliamente ratificado en la consulta sobre mandatos del 10 de agosto, Morales ha decidido avanzar en el proceso de "refundar" Bolivia y llevar a las urnas un proyecto constitucional fuertemente rechazado por sus opositores autonomistas y por las fuerzas conservadoras del país.
Así, el 7 de diciembre los bolivianos acudirán de nuevo a las urnas para decidir si ratifican la nueva Constitución mediante dos consultas: una sobre el texto en su conjunto y otra sobre el artículo que regula la extensión de los latifundios expropiables y que quedó sin acuerdo en la Asamblea Constituyente.
Asimismo, Morales decretó que ese mismo día se celebren comicios para designar consejeros departamentales y subprefectos en las nueve regiones del país y elecciones departamentales en La Paz y Cochabamba, tras la revocación el 10 de agosto de sus anteriores titulares.
En el acto donde anunció estas convocatorias, el presidente boliviano defendió que la nueva Constitución garantizará la unidad del país y su naturaleza plurinacional, fortalecerá las autonomías y asegurará la igualdad social de todos los bolivianos.
Morales afirmó que la consulta constitucional responde al "mandato del pueblo", expresado en el referendo sobre mandatos celebrado el 10 de agosto.
No obstante, admitió que los bolivianos reivindicaron también en esa consulta revocatoria el fortalecimiento de las autonomías, por lo que anunció la creación de un ministerio y una ley dedicados exclusivamente a esta materia.
El gobernante hizo un llamamiento a sus opositores para que se sumen a la "transformación estructural" que, a su juicio, demandan los bolivianos y les instó a que planteen alternativas si rechazan este proceso.
Inmediatamente después del anuncio de convocatoria del referendo constitucional se produjeron las primeras reacciones de rechazo entre los dirigentes opositores y autonomistas de varias regiones del país.
Desde las regiones de Chuquisaca, Beni y Pando, gobernadas por opositores, varios dirigentes llamaron a no dejarse avasallar por un gobierno "dictatorial".
También acusaron a los "sectores radicales" del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) de imponer al presidente esta decisión, pese a que la Corte Electoral estableció en marzo pasado que es necesario el consenso en el Congreso para las consultas constitucionales.
Otros, como el concejal de la ciudad de Sucre, Fidel Herrera, anunciaron que no aceptarán una constitución "manchada de sangre chuquisaqueña", en alusión a que el proyecto de nueva Constitución fue aprobado en esa ciudad en medio de disturbios que causaron tres muertos y centenas de heridos.
El referendo constitucional en Bolivia abre otra fase en la compleja crisis boliviana por el rechazo que el texto suscita entre los opositores a Morales y porque muchos dudan de que su convocatoria mediante decreto, y no a través del Parlamento, sea legal.
Hoy mismo, el vocal de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, José Antonio Ayala, dijo a radio Erbol que no ve posible realizar otra consulta, si es que no se realiza una limpieza de la "contaminación" que, a su juicio, tiene el padrón electoral.
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