Los prefectos (gobernadores) Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca), Mario Cossío (Tarija), Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando) asumieron la decisión, reunidos en Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz, tras la infructuosa cita con Evo Morales en la sede de gobierno.
Los cinco prefectos firmaron un comunicado en el que fijaron su posición en siete puntos, entre los cuales señalaron la necesidad de la devolución de un impuesto regional confiscado el año pasado por el Ejecutivo para financiar un bono de ancianidad, como punto de partida de una negociación.
Tan firme es esta posición que advirtieron ``que mientras persista la confiscación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos [IDH], la presencia de autoridades nacionales en nuestras regiones será considerada no grata''.
Los prefectos de estas regiones rebeldes, la mayor oposición política del mandatario izquierdista, dejaron entrever que el paro cívico del martes puede ser sólo el punto de partida de otras medidas que se planificarán regionalmente en ''busca de recuperar estos recursos'', según anunció el prefecto de Beni.
El Ejecutivo rechazó el paro cívico, lamentó las medidas anunciadas por los prefectos de la oposición y pidió a estas autoridades hacer una adecuada lectura de los resultados del referendo revocatorio del pasado domingo, en el que Morales obtuvo un 67 por ciento de respaldo. El vicepresidente Alvaro García Linera, mandatario interino mientras Morales se encuentra en Paraguay asistiendo a la toma de posesión del presidente Fernando Lugo, dijo que los prefectos opositores están desconociendo la voluntad de los bolivianos que apoyan el ``proceso de cambio''.
'Como gobierno tenemos el mandato de un pueblo que nos ha dicho `sigan adelante y sigan transformando'. Con humildad y compromiso lo recogemos, y lo haremos cumplir pese a quien le pese'', advirtió García Linera según la estatal Agencia Boliviana de Información.
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