El Parlamento Europeo, fuertemente dividido, votará hoy la controvertida directiva de retorno de inmigrantes en situación ilegal acordada por los países de la UE.
En principio, el texto cuenta con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Unión por la Europa de las Naciones (UEN), así como de gran parte de los miembros del grupo Liberal, lo que a priori sería suficiente para aprobar la directiva.
El grupo Socialista tratará por su parte de sacar adelante algunas de sus enmiendas, principalmente las relativas a reforzar la protección de los menores sin compañía y a reducir el periodo máximo de detención de los indocumentados.
Para ello ha tratado de obtener el respaldo de los parlamentarios de otros grupos, y de no lograrlo, en principio, votará en contra de la directiva, junto a los Verdes y a la Izquierda Unitaria.
El texto recibió el visto bueno de los ministros de Interior de la UE durante el Consejo del pasado día 5, y ésta es la primera ocasión en que el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión en una disposición comunitaria sobre inmigración.
Entre otras medidas, la directiva establece en su forma actual un período de retorno voluntario para los inmigrantes ilegales de entre 7 y 30 días.
También prevé que los irregulares puedan ser internados un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en los casos en que el irregular no coopere en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
Además, se establece para los expulsados una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años.
En cuanto a los menores no acompañados, se acepta la posibilidad de que puedan ser devueltos a tutores que no sean familiares directos o a instituciones adecuadas de su país.
Escenario
Aunque no existen cifras aproximadamente exactas sobre el número de ciudadanos latinoamericanos residiendo irregularmente en los 27 países miembros de la UE, se estima que al menos superan el millón.
Empero, el eurodiputado español Ignasi Guardans, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo explicó que "la población más afectada no es la latinoamericana, sino los inmigrantes a los que se aplicará un retorno forzoso; detenidos senegaleses, bengalíes, kasajos e iraquíes".
Guardans basa su apreciación en que los inmigrantes latinoamericanos en la UE no son mayoría, en que los detenidos para expulsión son relativamente pocos y en que muchos están en proceso de regularizar su situación y a ellos no los afecta la norma.
Además, de ser adoptada la Directiva, sólo entraría en vigencia después de ser aprobada por el Consejo de Ministros de la UE y luego de ser ratificada y vinculada a la legislación interna en cada uno de los países del grupo, pero se calcula que ello no ocurrirá antes de 2010.
"La propuesta, sin ser una maravilla, protege más al inmigrante en muchos Estados europeos en los que actualmente no hay normas claras y se cometen abusos con los ciudadanos en situación irregular", explicó Guardans.
Pero eurodiputados socialistas, críticos de la norma, afirman que esta criminaliza a las personas indocumentadas y creen que los gobiernos podrían abusar de ella para adelantar grandes repatriaciones de ciudadanos residiendo irregularmente en la UE.
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