Varios expertos reaccionaron así a la ejecución por inyección letal en Huntsville (Texas) del mexicano José Medellín, condenado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de dos menores.
A su vez, familiares de otros mexicanos sentenciados a la pena de muerte en aquel país y organismos sociales acudieron a las instancias legales para demandar se redoblen esfuerzos para salvarlos.
El 'Acta para la Aplicación del Caso Avena de 2008', presentada por los demócratas Howard Berman y Zoe Lofgren, fue remitida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes el pasado 14 de julio. La medida exige que los tribunales federales escuchen las peticiones de detenidos extranjeros que no fueron informados de su derecho a la asesoría consular, consagrado en la Convención de Viena de 1963.
Ese fue el caso de Medellín y de otros 50 mexicanos que no tuvieron acceso a servicios consulares cuando fueron detenidos.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó recientemente que los 51 mexicanos en el corredor de la muerte en EEUU tenían derecho a una revisión judicial de sus casos. El estado de Texas hizo caso omiso de ese fallo y de las presiones del Ejecutivo y de diversos organismos internacionales para que suspendiera la ejecución de Medellín.
