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El juez federal Jeremy Fogel interpretó al método californiano de ejecución como inconstitucional, concluyendo que la “implementación de la inyección letal está rota, pero puede ser arreglada”.
La decisión surge luego de la ejecución del estado ocurrida en el 2005, donde los guardias fallaran en colocar una sonda de respaldo intravenosa a Stanley William, el ex líder mafioso que lograra publicidad mundial luego de haber escrito libros anti-mafias.
Luego, el día miércoles, los verdugos del estado de Florida, introdujeron mal las agujas al asesino convicto Ángel Díaz, lo que significó que los químicos letales no fueron directamente dentro de sus venas, de acuerdo al médico examinador del estado.
El gobernador entrante de Florida, Charlie Crist, respondió hoy que frenaría las ejecuciones hasta que una comisión investigase los procedimientos del estado.
Los opositores a la pena de muerte han argumentado por años que la inyección letal es un castigo cruel e inusual, excluido por la Constitución norteamericana. Pero sólo estos casos recientes han dado fuerza legal y política a sus argumentos.
Procedimiento inconstitucional
“Cuando es apropiadamente administrada, la inyección letal tiene como resultado una muerte que es mucho más suave que aquéllas sufridas por las víctimas de los crímenes capitales”, dijo Fogel, quien a comienzos de año visitara la cámara ejecución en la prisión estatal de San Quentin, al norte de San Francisco.
“Actualmente, sin embargo, la implementación de los demandados del protocolo de California para la inyección letal, carece tanto de fiabilidad como de transparencia”, escribió.
“A la luz de los cuestionamientos sustanciales, elevados por los registros de las ejecuciones previas, las acciones y fallas de los demandados al actuar han resultado en un riesgo excesivo e innecesario de una violación a la Octava Enmienda. Esto es intolerable bajo la Constitución”.
La inyección letal es utilizada en 37 estados norteamericanos, pero las disputas legales han demorado este tipo de ejecuciones en el 2006, no sólo en California y Florida, sino también en varios otros estados, incluyendo a Nueva Jersey y Ohio entre ellos.
Los Estados Unidos han ejecutado a 53 personas en el 2006.
Testigos en Florida esta semana dijeron que Díaz mostraba muecas y jadeaba por respirar, en lo que se suponía iba a ser un procedimiento rápido pero indoloro. Los funcionarios de la prisión tuvieron que dar las drogas a Díaz dos veces, y le llevó 34 minutos morir, desde el inicio de la ejecución.
“Pienso que el tribunal reconoció correctamente que hay fallas severas en el sistema”, afirmó Richard Steinken, un abogado de Chicago que ha trabajado con el prisionero condenado a muerte Michael Morales, cuyo caso motivó la decisión del juez Fogel de hoy. “Deberá verse si pueden ser resueltas”.
(Reuters)
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