Los dos partidos mayoritarios de EEUU, el demócrata y el republicano, se pusieron de acuerdo en ambas cámaras legislativas para reformar la ley de vigilancia, con lo que se ampliarán las capacidades de los servicios de inteligencia norteamericanos para realizar escuchas a los ciudadanos, así como también eximir de responsabilidad legal a las empresas de teléfonos que, a pedido de la Casa Blanca, grabaron conversaciones de algunos de sus clientes luego de los atentados del 11-S.
La enmienda a la Ley de Escuchas para la Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), la que se aprobará con seguridad mañana, habilitará a las agencias de inteligencia para realizar escuchas de emergencia a ciudadanos extranjeros o norteamericanos durante una semana si se determina que, en caso contrario, se perdería información relevante para la seguridad nacional. Varios senadores demócratas mantenían reservas sobre las garantías civiles que ofrece el proyecto.
La principal traba que ponían los demócratas a la aprobación de la iniciativa de reforma tenía que ver con un acápite, el cual permite a los tribunales locales decidir si las escuchas ilegales que las empresas de teléfonos realizaron, a pedido de la Casa Blanca después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, serían susceptibles de la aplicación de dichas medidas, retroactivamente. Las escuchas que el presidente Bush ordenó entonces no habían sido aprobadas previamente por un juez, lo que las convertía en ilegales.
Si los tribunales, en vistas de la nueva reforma legal, llegaran a considerar que el hecho de que la Casa Blanca hubiera solicitado por escrito las grabaciones asegurando, de este modo, la legalidad de ellas, libra de responsabilidad a las compañías telefónicas, unos cuarenta procesos abiertos contra ellas podrían llegara a quedar archivados. En este punto, los demócratas concedieron y una vez sea aprobada, la reforma de la FISA será la mayor llevada a cabo en los últimos 30 años.
El senador demócrata Christopher Dodd aseguró que "el presidente no debería estar por encima de la ley y tampoco las empresas que apoyaron su apuesta por espiar a los ciudadanos". También desde las organizaciones de Derechos Humanos criticaron la medida: "Los demócratas han obtenido algunas concesiones de la Casa Blanca, pero afortunadamente, el proyecto de ley permite un amplio acceso inconstitucional acceso a un número incalculable de correos electrónicos y llamadas telefónicas de residentes y negocios de EE UU", evaluó.
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