Un tribunal español acordó archivar la investigación iniciada por un juez sobre un bombardeo del ejército israelí a la Franja de Gaza en 2002, donde murió un presunto líder de Hamas y otros 14 civiles, incluidos nueve niños.
Una sala de la Audiencia Nacional, integrada por 18 magistrados, admitió por amplía mayoría el recurso presentado por la Fiscalía, que pedía el archivo de la causa en España al considerar que Israel ya estaba investigando el ataque.
Los jueces simplemente anunciaron su decisión. El razonamiento jurídico se dará a conocer en los próximos días. El demandante, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, puede apelar la decisión al Tribunal Supremo.
El magistrado Fernando Andreu decidió abrir el caso en enero, tras aceptar la demanda contra siete altos cargos israelíes como principales responsables del bombardeo en virtud del principio de justicia universal, que permite a los tribunales españoles investigar casos de esta naturaleza incluso si se cometieron fuera de sus fronteras.
El juez consideró que los acusados --entre los que se encontraba Benjamín Ben-Eliezer, Ministro de Defensa cuando ocurrió el ataque, además de seis ex altos mandos militares-- podían haber cometido un delito de crímenes contra la humanidad.
El gobierno israelí hizo público su malestar con la decisión de la justicia española, a la que acusó de invadir sus competencias.
Andreu, por su parte, afirmó que el ataque de Israel en julio de 2002 sobre Gaza pretendía acabar con la vida de Salah Shehadeh, considerado en aquel momento como uno de los comandantes de Hamas.
Según el juez, una potente bomba lanzada por el ejército israelí alcanzó de lleno la casa de Shehadeh, quien falleció en el acto, y afectó a uno de los barrios más habitados de la Franja de Gaza. Otras 14 personas perdieron la vida a consecuencia del bombardeo, nueve de ellos menores.
Andreu aseguró que los hechos podrían constituir un delito de crímenes contra la humanidad por tratarse de un ataque contra la población civil "claramente desproporcionado y excesivo".
En mayo, la Fiscalía presentó un recurso para archivar la causa, asegurando que Israel ya investigaba lo ocurrido. Sin embargo, Andreu rechazó la petición y aseguró que seguiría adelante.
La semana pasada, el Congreso aprobó una reforma legislativa que limita la competencia internacional de los tribunales españoles a casos en los que haya un vínculo claro con España.
La enmienda todavía debe ser votada en el Senado, aunque el consenso de los dos principales partidos políticos en la materia le garantiza el colchón suficiente de apoyos para ser aprobada.
No obstante, la ley no tiene carácter retroactivo, por lo que casos como el de Israel podrían seguir siendo investigados si así lo deciden los magistrados.
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