El Gobierno español no desveló cuál fue su participación en el pago del rescate para liberar a los tripulantes del atunero vasco Alakrana y se limitó a señalar que "ha hecho lo que tenía que hacer".
En la conferencia de prensa en la que anunció la liberación del pesquero después de 47 días de cautiverio, el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco entregó más detalles sobre el futuro de dos piratas detenidos en España y cuya liberación exigían sus compañeros en Somalía para permitir el regreso del barco.
Dado esto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó al juez Santiago Pedraz que investigue "toda la trama jurídico-financiera vinculada con los secuestradores, a los comisionistas intervinientes en la liberación así como a los despachos de abogados de Londres y otros países europeos" que participaron en la crisis de alguna manera. Pidió también que la investigación sea declarada secreta.
El fiscal busca así que la Audiencia investigue si se pagó un rescate por el secuestro, quién lo pagó, quién intervino en dicho pago y qué comisiones se llevaron los intermediarios.
El Ministerio Público adopta esta decisión después de que Pedraz finalizara la investigación contra los dos presuntos piratas detenidos por la Armada española en aguas del Indico acusados de participar en el secuestro del atunero español y de que la elevara a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para que celebre el juicio, que podría tener lugar, en el mejor de los casos, en un plazo de dos semanas.
La ONU había reiterado ayer que desaconseja a los países que paguen rescates o hagan concesiones a las organizaciones criminales que secuestran barcos en las aguas frente a la costa de Somalía.
El portavoz del organismo, Farhan Haq, afirmó, durante una conferencia de prensa, que la política oficial del organismo excluye el pago de rescates para obtener la liberación de secuestrados.
"No tenemos una reacción particular sobre este incidente, sin embargo la ONU, en su política interna, nunca ha contemplado el pago de rescates o que se hagan concesiones y, ciertamente, no aconsejamos a otros Estados que lo hagan", aseguró Haq al referirse al supuesto pago efectuado a piratas somalíes para obtener la liberación del atunero español.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, instó a intensificar los esfuerzos para procesar judicialmente a los sospechosos de integrar las redes criminales responsables de estos actos de piratería.
La ONU detectó en las legislaciones de numerosos países "una falta de aplicación adecuada" del derecho internacional para combatir a estos delincuentes, aseguró Ban en un informe remitido al Consejo de Seguridad.
El "Alakrana", con base en Bermeo (Vizcaya), fue secuestrado hace 47 días por piratas somalíes en aguas internacionales del Océano Índico con 36 tripulantes a bordo.
La tripulación del pesquero ya liberado está integrada por dieciséis marineros españoles, ocho de Indonesia, dos de Malasia, tres de Senegal, cuatro de Ghana, dos de Costa de Marfil y uno de las Seychelles.
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