El Gobierno español hará un "esfuerzo diplomático de información" con los países latinoamericanos que criticaron la
directiva europea que fija el tope de retención de los inmigrantes irregulares en dieciocho meses.
La Vicepresidente del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró ayer, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la iniciativa del Parlamento Europeo "
no es aplicable a España".
A su juicio, su país tiene una Ley de Extranjería que "garantiza los derechos de los inmigrantes", también de los que se "encuentran en una situación irregular, al tiempo que establece un procedimiento judicializado" desde sus inicios.
Los dirigentes del Gobierno están "absolutamente seguros" de que los países latinoamericanos compartirán y seguirán apoyando la "política en común" de la Unión Europea, que estableció criterios "mínimos" en cuanto a privación de libertad de los inmigrantes ilegales hasta que sean repatriados.
De la Vega esgrimió que la directiva europea establece "criterios y garantías donde antes no los había como, por ejemplo, unos mínimos de control judicial" y otros requisitos de procedimiento y de funcionamiento. "Que es suficiente, seguramente no; que hay que avanzar, seguramente sí", matizó, al tiempo que dijo que los eurodiputados socialistas que la apoyaron "son responsables" y saben "lo que cuesta adoptar una política común" y "lo que es dar pasos pequeños".
Reiteró también su confianza en que la información hará que
latinoamérica entienda sobretodo la política española, con iniciativas como el plan de retorno voluntario de inmigrantes desocupado, que fue abordada con una experiencia piloto en
Ecuador y que es "compartida por ese país y por algunos otros".
"Lo que hace falta es una mayor información sobre la concreción y en qué se traducen estas políticas, especialmente la de Gobierno de España", insistió.
La Administración está procediendo a "ajustes" en su política de inmigración, "determinados por una situación de menor crecimiento económico y de empleo". Pero esto no implica "alterar" sus actuales líneas de actuación, explicó, basadas en la promoción de una inmigración legal y ordenada, y en la mejora de la "cooperación al desarrollo" con los países emisores.
Tras subrayar que habrá "mucho diálogo" con los agentes sociales en relación con la reforma de la Ley de Extranjería -prevista para finales de año y que limitará la reagrupación familiar-, la portavoz del Ejecutivo insistió en que son modificaciones derivadas de la situación que vive España.
En todo caso, es una "línea de ajuste y no de cambio de la política de inmigración" española, "alabada por la mayoría de los países europeos y emisores de inmigrantes".
De la Vega concluyó diciendo que, por encima de todo, España respeta "los derechos de la inmigración" y para eso quiere cooperar con los "países de origen".
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