Fernando Andreu, magistrado de la instancia nacional judicial española, ordenó la detención de cuarenta miembros de las fuerzas armadas de Ruanda, bajo los cargos de genocidio y terrorismo, acusándolos por la muerte de cuatro millones de ruandeses en los años ‘90 y del asesinato de seis españoles, seis misioneros y tres civiles.
El actual presidente Paul Kagame no pudo ser sometido a juicio, dado que, como jefe de Estado, goza de inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Sin embargo, existen "sólidos indicios" de que estuvo implicado en los citados crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, el mandatario ruandés fue incriminado en el testimonio de un miembro de un grupo de 11 militares encargados de la protección del presidente.
La acusación que pesa sobre los 40 procesados, en base a la cual el juez Andreu dictó órdenes de captura internacionales, establece que los militares en cuestión tomaron el poder por la fuerza e instauraron un régimen de terror en el país, realizando "horrendos crímenes" contra la población civil.
Exterminio sistemático
El testigo, que formó parte de la custodia del presidente ruandés, dio detalles de cómo el propio Kagame disparó con una ametralladora a un número de entre 30 y 40 civiles, luego de que alguien le dijera por radio que un grupo de personas que circulaban por una ruta podían ser paramilitares. Luego de escuchar dicha advertencia, el actual mandatario de Ruanda se bajó de su auto y "sin mediar palabra" disparó una ráfaga que provocó la muerte de dichas personas.
El juez Andreu, en el auto de procesamiento publicado hoy, apunta que durante la década de los ’90, más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecidos, "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas". Dicho plan finalizó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas, según consta en el auto, eran, en su mayoría, refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también de la misma etnia.
En el grupo de víctimas de genocidio hay nueve españoles. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, en donde trabajaban y "denunciaban los abusos sufrían los desplazados de guerra", señala el juez.
Seis de las víctimas eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG Médicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organización político/militar APR/FPR.
Implicaciones del ACNUR
El magistrado también denunció en el auto el rol que tuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la masacre, institución que inició un programa de repatriación forzosa a partir de 1996, "obligando a cientos de miles de personas a subir a sus camiones".
Debido a los serios obstáculos encontrados a la hora de reunir a los refugiados ruandeses repartidos en los distintos países limítrofes, el personal del ACNUR llegó, incluso, a pagar 10 dólares a los congoleños por cada refugiado ruandés de entregaran.
"Ello originó una auténtica caza al refugiado", señaló Andreu, indicando que dicha estrategia facilitó las matanzas masivas tras las retiradas de los europeos.
Acceda al auto de procesamiento completo (Gentileza El Mundo):
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