Desde julio próximo, el gobierno español ofrecerá a aquellos inmigrantes regularizados que se van quedando sin empleo, una serie de incentivos económicos para que regresen a sus países de origen de manera voluntaria. Celestino Corbacho, ministro español de Trabajo e Inmigración e impulsor de la medida, calcula que afectará a más de un millón de extranjeros. Es decir, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España.
Lo que propone España a los inmigrantes legales es que aquéllos que acepten volver a sus países de origen podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado hasta la fecha en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Todavía queda por decidir cuál de los dos pagos se efectuarán antes de su ida de España y cuál cuando lleguen al país del que provenían. Todos los trámites requeridos para hacer efectiva la iniciativa se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal.
A fin de obtener dichas sumas de dinero, los inmigrantes regularizados deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, a la vez que se comprometen a no regresar a España en los tres años siguientes, como mínimo. Luego de transcurrido estos 36 meses, se puede volver a solicitar el retorno, si bien la Administración se reserva el derecho de dar luz verde o no a dicha solicitud. En caso de que el pedido sea presentado a partir de cinco años, el gobierno español se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan.
Esta invitación a los migrantes legales para que se retiren del país es reflejo de la recesión económica que vive España. No obstante, el plazo de tres y cinco años para el retorno, es signo de las expectativas que del Ejecutivo español, que considera que, en tres años, la situación mejorará y "entrará en una fase expansiva y de creación de empleo", tal y como dijo Celestino Corbacho. Hasta entonces, el ministro de Trabajo e Inmigración calcula que los más de 165.000 parados extranjeros no comunitarios que había en España el pasado mes de abril seguirán aumentando.
Un millón de inmigrantes
El crecimiento del desempleo y la suposición de que quienes decidan aceptar la oferta del gobierno español se llevarán consigo a sus familiares, que también gozan de permiso de residencia, llevan a pensar a Corbacho que su plan atañe a más de un millón de inmigrantes. Y si no afecta a más, es sólo porque la oferta tiene una segunda parte que limita su alcance a los ciudadanos de los 19 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España, con el fin de que los que regresan no pierdan sus derechos (sanitarios, de jubilación...) adquiridos durante su estancia en el país. Eso excluye, entre otros extranjeros, a los procedentes del África subsahariana.
Además, el ministro ha encargado a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que dirige Consuelo Rumí, que mantenga conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y con entidades financieras para que los repatriados sean "acompañados" en su establecimiento en sus países de origen. Es decir, que reciban asesoramiento y ayudas, en forma de microcréditos, para crear sus propios negocios.
Corbacho explica de esta manera las razones de ese "acompañamiento": "Tal vez 10.000 euros no sean en España suficiente dinero para montar una empresa, pero en países como Marruecos pueden dar mucho de sí. No tratamos de tomar a una persona desempleada y mandarla a su país sin más. Queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: la de establecerse en su tierra y la de volver a España en el futuro".
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