El Primer Ministro escocés, Alex Salmond, presentó un libro blanco sobre el futuro constitucional de Escocia que allana el camino a un posible referéndum sobre la independencia de esta provincia británica.
"El debate en la política escocesa ya no es entre cambiar o no cambiar", declaró el líder del Partido Nacional Escocés (SNP), "es sobre el tipo de cambio que buscamos y el derecho del pueblo a decidir su futuro en un referéndum libre y justo".
El independentista SNP, que gobierna en minoría, espera organizar en 2010 una consulta sobre el futuro de esta provincia petrolera ligada a la Corona británica desde hace tres siglos. Aunque todos los partidos de oposición representados en el Parlamento de Edimburgo, salvo los Verdes, se oponen a su organización, el SNP espera convencerlos incluyendo otras opciones además de la independencia.
Sin revelar cuál sería la pregunta formulada a los escoceses, el libro blanco propone cuatro posibilidades: el statu quo, una extensión limitada de los actuales poderes del Parlamento regional, una mayor autonomía regional principalmente en materia fiscal y, finalmente, la independencia plena.
Conforme a la propuesta del SNP, el libro concluye que la independencia es la mejor opción para el desarrollo económico y la proyección de Escocia en el mundo.
"Ha llegado la hora de que la gente pueda pronunciarse sobre el futuro de Escocia", declaró Salmond, cuyo partido ganó las elecciones regionales de 2007 con un programa que incluía la promesa de organizar un referéndum en 2010.
Los partidos de oposición respondieron unánimemente que la prioridad actual era encarrilar de nuevo a Escocia tras la crisis, y no pensar en un referéndum.
Según un sondeo del instituto Ipsos Mori, un 25% de los escoceses desearían un referéndum lo antes posible, y un 20% se declaran favorables a la independencia. Pese a ser escocés, el Primer Ministro británico, el laborista Gordon Brown, también se opone.
El gobierno escocés fue instaurado en 1999. La provincia tiene competencias en materia de salud, educación y justicia, pero Londres sigue decidiendo sobre asuntos de defensa, relaciones exteriores y economía.
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