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El recuento de los votos de la consulta popular celebrada el domingo pasado en Ecuador finalizó hoy, con un 81,72 % de los sufragios a favor de la celebración de una Asamblea Constituyente con plenos poderes para transformar las instituciones del Estado y redactar una nueva Carta Magna.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó oficialmente hoy, en la sede del máximo organismo electoral, en Quito, la audiencia pública para proclamar el escrutinio oficial de los resultados de la consulta para la Constituyente, impulsada por el presidente, Rafael Correa.
El mal tiempo en la región de Amazonía retrasó la conclusión del recuento de votos, ya que los helicópteros militares que tenían que recoger las actas de algunos lugares remotos, donde el único acceso es por aire, estuvieron varios días sin poder entrar.
Según los datos del TSE de Ecuador, con el total de las 36.873 actas escrutadas, el “Sí” obtuvo 5.354.595 votos, y el "no" 814.323 votos, el 12,43 %.
Los votos nulos suman 332.484 papeletas (5,07 %) y los blancos 51.087 (0,78 %).
Un total de 9.188.787 de ecuatorianos fueron convocados a las urnas el pasado domingo, pero hasta este momento se han escrutado 6.578.224 votos, lo que supone una diferencia de 2.610.563 votos o el 28,40 de abstención, pese a que el voto es obligatorio.
Una vez finalizado el escrutinio público, la ley señala que hay dos días de plazo para que el TSE reciba posibles impugnaciones, que ha de resolver en un máximo de otros cinco días.
Resueltas las impugnaciones y hecha la proclamación oficial definitiva de los resultados, el TSE tendrá ocho días para la convocatoria de las elecciones de los 130 representantes que han de formar la Asamblea Constituyente, aprobada el domingo pasado.
Esa elección se celebrará en un máximo de 150 días a partir de su convocatoria, por lo que se calcula que podría tener lugar a finales de septiembre o principios de octubre próximos.
La Constituyente se instalaría en noviembre o diciembre de este año y, según el estatuto sobre su funcionamiento, tendría 180 días, con una posible prórroga de otros 60 días, para redactar una nueva Carta Magna y reformar las instituciones del Estado, que posteriormente se han de aprobar en referéndum.
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