Rafael Correa, autodefinido políticamente como un cristiano de izquierda, calificó a la nueva ley fundamental ecuatoriana como una de las "más avanzadas del mundo", así como también la definió como un texto para "el siglo 21 (...) una Constitución que será el instrumento fundamental para esta revolución democrática (de su gobierno), pacífica, pero revolución, un cambio radical, profundo y rápido de la estructura vigente".
Lucio Gutiérrez, quien se desempeñara como presidente entre los años 2002 y 2004, declaró, por su parte, que "cuando a una persona se le da demasiados poderes y no tiene quien le controle, es tremendamente nocivo para un país y mucho más grave con una personalidad prepotente, como la del presidente de la república (Correa)".
"Estamos en contra de la nueva Constitución, queremos un presidente de la república democrático y no un monarca en el poder", subrayó.
Contrariamente a las opiniones del ex mandatario ecuatoriano, el asambleísta Lenin Hurtado, del Movimiento Popular Democrático, de tendencia de izquierda, indicó que "no me parece que haya una amenaza ni mucho menos que deba preocupar al país, hay facultades que van en la línea de destrabar la administración pública, trabada en el pasado reciente, queremos facilitar la gobernabilidad".
Precisamente, conversando en entrevista con la agencia de noticias AP, Hurtado manifestó que "no hay un hiperpresidencialismo como muchos quieren hacer aparecer, lo que hay son las atribuciones que debe tener un presidente de la república en un régimen presidencial".
Marco Morales, un analista constitucional, señaló a la misma agencia que en la nueva constitución hay "un sobre fortalecimiento del sistema presidencial y muchas más facultades del ejecutivo que las que tenía antes, se debilitan el sistema de pesos y contrapesos, los frenos políticos, como había antes, entre el ejecutivo y el legislativo".
Afirmó que este nuevo esquema no contribuirá a la gobernabilidad del país porque "la gobernabilidad no está dada en la concentración del poder, sino en la participación democrática de los estamentos ciudadanos en ese poder (...) la centralización del poder puede llevar a aberraciones".
Para el politólogo Hernán Reyes, por otra parte, las voces adversas a la nueva ley fundamental "van en contra de la posición política del presidente Correa".
La norma
La nueva Constitución comenzó a ser elaborada a partir de noviembre por la Asamblea Constituyente de 130 miembros, 80 de los cuales pertenecen al partido de gobierno Alianza País. Está previsto que el organismo apruebe el nuevo texto este jueves, el cual tiene que ser sometido a un referendo el 28 de septiembre para que la ciudadanía la apruebe o rechace.
En la nueva constitución se da al presidente la facultad de formular las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, reservadas hasta ahora al Banco Central. El primer mandatario pueda disolver por una vez el Congreso y quitar a la legislatura la capacidad de designar a los titulares de organismos de control del estado como Procuraduría y Contraloría, y se abre la posibilidad de que el presidente tenga injerencia directa en esas designaciones.
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