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La Asamblea Constituyente de Ecuador no podrá interferir con el gobierno, por lo que los plenos poderes fijados al instalarse quedan limitados a dos: a cumplir con los trabajos que eran propios del Congreso y a elaborar la nueva Constitución.
El presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, dijo que la Asamblea solo legislará y fiscalizará además de redactar la nueva Constitución. Es decir, queda descartada cualquier resolución política que pudiera interferir con el Gobierno, como pudo haber sido la intervención de la Asamblea en el caso Dayuma, que puso en crisis la relación entre el Ejecutivo y la Constituyente.
“La Asamblea ratificó en la presidencia a Rafael Correa y también a la Corte Suprema de Justicia, con lo cual al haber asumido los plenos poderes dijimos con claridad que no vamos a gobernar y no vamos a administrar justicia”, dijo Acosta. Añadió que “lo que asumimos fueron las funciones del Congreso, de legislación y de fiscalización, además de elaborar la Constitución”.
El conflicto entre la Asamblea y el gobierno lo habría generado el presidente Rafael Correa al advertir que renunciaría al cargo si la Asamblea daba paso a una investigación sobre la represión militar en la parroquia Dayuma y concedía amnistía a los detenidos en esa población,
Otro miembro de la bancada oficialista dijo al diario El Comercio de Ecuador que tras la reunión de Correa y Acosta quedó claro que la Constituyente no volvería a intentar tomar una resolución respecto de una decisión del Gobierno.
Oposición rechaza que Constituyente legisle
Sin embargo, la debilitada oposición de la Asamblea Constituyente cuestionó el viernes que ese órgano asumiera la función de legislar luego de disolver el Congreso unicameral.
La asambleísta opositora Anabella Azín defendió el estatuto para el funcionamiento de la Constituyente aprobado en una consulta popular el 15 de abril. La norma establece que la "asamblea no tendrá las funciones de legislar", manifestó Azín.
La oposición sostiene que Correa concentró todos los poderes en sus manos a través de la Constituyente, que se instaló hace dos semanas para redactar la vigésima Carta Magna de Ecuador en el plazo máximo de julio próximo, debiendo ser aprobada luego en un referendo.
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