"Si Aisalla era delincuente, guerrillero, no justifica que se asesine a un ecuatoriano, en suelo del Ecuador, por tropas extranjeras. Este Gobierno no va a permitir que este caso quede en la impunidad", señaló el mandatario ecuatoriano, durante un discurso frente a miles de aborígenes congregados en la Plaza de la Independencia.
Franklin Aisalla, cerrajero de Quito, falleció en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el que perdió la vida el vocero de la agrupación, "Raúl Reyes", así como también un militar colombiano y otras 24 personas, luego de una incursión del ejército de Colombia.
Los restos del ecuatoriano, transportado junto con el de "Reyes" por militares colombianos a Bogotá, serán traídos de vuelta a su país mañana, luego que su padre, Guillermo Aisalla, lo identificó ayer en el tanatorio de la capital colombiana.
María Isabel Salvador, canciller ecuatoriana, había anunciado el martes pasado que la familia de Aisalla pensaba en la posibilidad de iniciar gestiones para hacer una reclamación contra el gobierno colombiano.
Según la ministra, la muerte del cerrajero, a la que calificó de “asesinato”, fue un "acto ilegal" dentro de una "acción ilegítima".
Misión de la OEA
Por otra parte, la Organización de los Estados Americanos, cuyos mecanismos de consulta fueron activados por Ecuador inmediatamente tras el ingreso de las tropas colombianas a su territorio, confirmó el envío de una misión a la región para el 10 del mes próximo.
Dicha delegación contará con una unidad "móvil" para que se pueda trasladar a la frontera en caso de ser necesario. La misión tiene como objetivo aplicar la resolución aprobada en el organismo internacional en relación a la crisis entre ambos países.
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, fue quien comunicó la noticia hoy en el Diálogo Interamericano, adelantando también que la misión estará conformada por un grupo "pequeño", que tendrá encargados en Colombia y en Ecuador.
Víctor Rico, director de Sustentabilidad Democrática y de misiones especiales del organismo, estará al frente de la delegación, al tiempo que, en principio, no será destinado a ninguno de los dos países.
Perspectivas
Insulza destacó que la OEA tiene las posibilidades de analizar el caso desde dos puntos de vista: desde el legal y diplomático, que implica la relación de dos países soberanos; y desde el de los derechos humanos, que correspondería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la OEA.
Esta última vía requiere, sin embargo, que los dos países agoten en primera instancia todos los recursos legales y administrativos internos a su disposición, advirtió Insulza.
Otra posibilidad es que los gobiernos de Quito y Bogotá lleguen a un acuerdo en cuanto a posibles reparaciones u otros términos.
A juicio de Insulza, el conflicto entre ambos países "no va a escalar", dado que los países decidieron solucionar sus problemas en el seno de la OEA y la aprobación de la resolución fue únicamente posible porque Colombia y Ecuador asÍ lo quisieron.
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