Se inicia en Dinamarca la última instancia de un juicio que podría convertir a Dinamarca en el primer país en reconocer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como fuerza beligerante. El juicio se lleva adelante contra un grupo de activistas que vendían remeras financiando proyectos de comunicación en Palestina y Colombia. El fallo se dará a conocer, paradójicamente, el 11 de septiembre, cuando se cumplan 7 años de los atentados al World Trade Center.
Los acusados, vinculados a la firma de ropa Fightersandlovers, se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por violar el artículo 114b del código penal danés, que castiga el apoyo económico a grupos terroristas.
La acusación se basa en que en febrero de 2006 la firma anunció que destinaría una quinta parte del precio de unas camisetas a Radio Resistencia (vinculada a las FARC) y a un taller gráfico del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Los magistrados deberán determinar si las FARC y el FPLP son organizaciones terroristas, como sostiene la acusación, o movimientos de liberación, como afirma la defensa, ya que ahí radica si la acción cometida es o no delictiva.
Los acusados fueron absueltos en primera instancia el pasado diciembre, al considerar el tribunal que, de acuerdo a las pruebas presentadas, no se podía concluir que las FARC y el FPLP sean organizaciones terroristas.
Si La Corte Danesa de Segunda Instancia decide confirmar la absolución, Dinamarca podrá ser el primer país en reconocer a las FARC y rechazar las listas de terroristas de la Unión Europea.
La legislación antiterrorista danesa fue aprobada poco después del 11 de septiembre del 2001. La norma, aprobada en 2002, castiga hasta con 10 años de cárcel a quienes financien de manera directa o indirecta a agrupaciones consideradas terroristas. Casualmente será el 11 de septiembre del 2008, 7 años después, que la Corte Danesa de Segunda Instancia decida finalmente si condenar o no a los acusados.
En su página web, desde donde venden las remeras, los miembros de Guerreros y amantes sostienen que "por décadas el régimen colombiano ha obstaculizado las elecciones libres al barrer cualquier oposición pacífica, torturando y matando a 4.000 miembros del partido progresista UP Unión Patriótica. Sin otra elección, jóvenes, sindicalistas, profesores y hasta sacerdotes se han alzado en armas para unirse a la mayor guerrilla que Latinoamérica ha visto: las FARC, que han liberado grandes pedazos de Colombia del terror de los escuadrones de la muerte del régimen (...) sus decenas de miles de combatientes han pretendido derribar el mandato corrupto de los señores de la droga liderados por el Presidente Álvaro Uribe".
"Estamos convencidos que esta vez también ganaremos en la Corte Nacional. Hemos apoyado luchadores de liberación en Palestina y Colombia, igual que otros daneses apoyaban el ANC en Sudáfrica en los 80", dice Bobby Schultz, quien es uno de los acusados.
"Ahora, cómo va a mostrar el fiscal que Colombia es una democracia, cuando todo el mundo sabe que el Estado de Derecho en Colombia no existe, y que la lucha por un cambio democrático por eso está justificado?", continuó Schultz, quien enfatizó que las ganancias de Guerreros y Amantes iban para proyectos de comunicación tanto en Colombia como en Palestina.