Activistas de derechos humanos advirtieron que existe un deterioro en el tema en Perú. También aseguraron que los grupos defensores son hostilizados por el gobierno del Presidente Alan García.
La denuncia de los grupos defensores de los derechos humanos tiene lugar luego de la polémica desatada en el país a raíz de que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) influyó en la decisión del Parlamento Europeo de no incluir al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en una lista de organizaciones terroristas.
Los activistas, afiliados a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijeron que desde entonces altos funcionarios del gobierno dieron declaraciones cuestionándolos, mientras Aprodeh afirma que soportó una "campaña de hostilización y amedrentamiento".
"Entendemos que hay un clima de deterioro de derechos humanos en el país", dijo Hans Landolt, Director del Instituto de Defensa Legal en rueda de prensa. "Nos preocupa que parte del deterioro sean las expresiones de altos funcionarios del estado deslegitimando la labor que realizan los organismos de derechos humanos", agregó.
Mencionó que en las últimas semanas se tomaron medidas contrarias a los derechos humanos, como cancelar el diálogo con los grupos activistas y limitar su acceso al Consejo Nacional de Derechos Humanos en el que participaban como observadores.
Landolt señaló que "a nivel internacional se ve muy mal y como un demérito de la cualidad y la calidad de nuestra democracia" que se den hechos contrarios a la protección de los derechos humanos.
Los activistas anunciaron que enviaron un pedido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que evalúe las medidas adoptadas por el gobierno en materia de estos derechos fundamentales.
La decisión del Parlamento Europeo de no considerar terrorista al MRTA causó indignación en el Congreso peruano y gran revuelo en el gobierno, lo que se tradujo en duros cuestionamientos a Aprodeh y conjeturas acerca de sus supuestos vínculos con el MRTA.
El Director de Aprodeh, Miguel Jugo, dijo que su organización sólo emitió una opinión, cuando manifestó en una carta dirigida a eurodiputados que el MRTA no tenía actividad política desde hacía una década y que sus principales líderes se encontraban en prisión.
"Nosotros como institución de derechos humanos tenemos toda la posibilidad de opinar, toda la posibilidad de decir lo que sentimos, y obviamente por eso no podemos ser criminalizados", dijo Jugo.
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