El Instituto Nacional de la Vivienda publicó este fin de semana en la Gaceta Oficial una resolución que agilizará la adquisición de casas. De esta manera Cuba comenzó un proceso de normalización de las viviendas estatales que reciben los trabajadores como parte de sus prestaciones salariales y las cuales les serán dadas en propiedad a ellos o sus herederos.
Se busca descentralizar y simplificar algunos trámites vinculados a la vivienda y autorizar a los trabajadores arrendatarios de casas pertenecientes a entidades del Estado a adquirirlas con trámites más ágiles.
La normativa busca poner orden en un sector delicado de la realidad cubana y se suma a una serie de cambios dictados por el nuevo presidente Raúl Castro orientados a hacer eficiente y más confortable el sistema comunista de la isla.
Según el diario Clarín, la medida también busca permitir que las casas de los trabajadores estatales puedan pasar a ser de su propiedad o de sus herederos, con menos trabas burocráticas que hasta ahora.
Una de las medidas tomadas por el Estado cubano hace décadas para resolver el acuciante problema habitacional consiste en ofrecer a algunos de sus empleados viviendas (a las cuales llaman "medios básicos"), que eran propiedad de las empresas o instituciones, a un precio de alrededor de un 50% por debajo del valor real. Después de 20 años, siempre y cuando el trabajador mantenga su vinculación con la empresa estatal, en teoría puede adquirir la propiedad, ya que se estima que ya ha pagado la mitad de su valor.
En teoría, las personas se "quedaban" con la casa, pero el proceso se volvió caótico debido a la crisis de la construcción, las jubilaciones anticipadas y la burocracia, entre otros. Muchas veces el Estado no contaba con casas para cumplir sus convenios.
El déficit de viviendas llegó a más de medio millón y en este contexto obtener un trabajo que proporcionaba un contrato con una "vinculación" de vivienda era una solución en un país donde varias generaciones conviven bajo el mismo techo.
La situación es aun más caótica porque en Cuba, con el argumento de querer evitar la especulación inmobiliaria, es ilegal la compra y venta de inmuebles y el único trámite legal existente es la "permuta", que permite a los propietarios intercambiar sus casas.
La nueva medida, dirigida "a eliminar restricciones y trabas burocráticas que afectan la vida de los cubanos", levanta las prohibiciones de traspaso de estas edificaciones por permutas o herencia a no ser que el inquilino residiera en ella 20 años.
Con un déficit calculado entre 500.000 y 600.000 viviendas, éste es uno de los principales desafíos para el gobierno cubano, encabezado por Raúl Castro, luego de que su hermano Fidel renunciara por problemas de salud a ser reelecto en el cargo que ocupó durante 49 años. En 2005, el gobierno cubano lanzó un plan de construcción anual de 150.000 casas, pero una serie de obstáculos como falta de transporte, escasez de obreros y robo de recursos provocaron atrasos.
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que miles de ciudadanos regularizarán su situación por esta vía. Por ejemplo, los trabajadores de los ingenios azucareros que cerraron a comienzos de la década, que en su mayoría vivían en lugares "vinculados" a sus desaparecidos centros laborales.
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