La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó hoy una resolución en la que recoge los estándares internacionales que se deben aplicar a los inmigrantes.
En el documento, los siete comisionados y el secretario ejecutivo de la comisión, Santiago Canton, recuerdan que han subrayado en varias ocasiones la necesidad de que se adopten y se pongan en práctica políticas migratorias acordes a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Estas obligaciones se refieren a la no discriminación, el derecho al debido proceso y a las salvaguardas procesales básicas, a las condiciones de detención y a la obligación de asegurar que las personas en riesgo de persecución no sean devueltas a su país.
La CIDH afirma que los países de destino, tránsito y origen enfrentan desafíos crecientes a causa de la inmigración y deben "compartir la responsabilidad de resolverlos".
"Los enfoques unilaterales no ofrecen ningún tipo de soluciones constructivas que se requieren para resolver estos desafíos y responsabilidades compartidas", señala la comisión.
En este contexto, la CIDH considera que la directiva de retorno, aprobada el pasado 18 de junio por la Eurocámara, "genera serias preocupaciones en relación a la falta de garantías suficientes para que se respeten los derechos de los solicitantes de asilo y de otros inmigrantes".
La comisión reconoce que, según el Derecho Internacional, los países tienen tanto el derecho como la obligación de establecer mecanismos para controlar la entrada y la salida de extranjeros de su territorio.
No obstante, subraya que el derecho establece que las acciones en esta materia deben realizarse con el debido respeto a los derechos de las personas, y que el cumplimiento de principios fundamentales, como la no discriminación y el derecho a la integridad personal, no pueden subordinarse a las políticas públicas.
La directiva de retorno prevé -entre otras medidas- que los inmigrantes ilegales podrán ser retenidos hasta un máximo de 18 meses antes de su expulsión, y establece para los expulsados una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años.
De acuerdo con la OEA, la directiva afecta a unos 8 millones de inmigrantes, la gran mayoría procedente de Latinoamérica.
|
 |
12º / 24º
