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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, puso punto final a las ya deterioradas relaciones políticas que mantenía con el Legislativo y ahora va tras su disolución, por parte de la futura Asamblea Constituyente, confiado en una popularidad que evidencia los primeros síntomas de debilitamiento.
La ratificación de la ley de justicia financiera que resolvió el Congreso, en contra de lo que pretendía el Ejecutivo, fue la gota que derramó el vaso en la relación de Correa con el Legislativo.
“Cada día el Congreso, con sus actuaciones sospechosas, está cavando su propia tumba, ya no tenemos ninguna confianza...”, dijo una fuente cercana a al gobierno.
El propio Correa dijo el miércoles que ya le tiene sin cuidado lo que hagan los diputados. “No tenemos ninguna esperanza en este Congreso. ¡Haga lo que quiera! Esperaremos a la asamblea y si los ciudadanos tenemos mayoría, pediré que lo disuelva”, sostuvo. Las declaraciones del presidente estallaron tras la decisión del Congreso de ratificar el artículo 12 de esa ley, sobre la fijación de las tasas de interés.
Por su parte, el diputado Miguel Castro dijo que la opinión del Presidente “nos tiene sin cuidado, porque estamos cumpliendo con nuestras tareas específicas”. No obstante, sugirió a Correa que baje el tono del discurso. También dijo que la Constituyente no tiene atribuciones para legislar ni fiscalizar, tareas que competen al Legislativo, sino para dictar una nueva Constitución.
El mandatario apostará fuerte por un triunfo en las elecciones de la Asamblea Constituyente de plenos poderes del 30 de septiembre, esgrimiendo esa suerte de guillotina en la que se ha convertido su popularidad.
No obstante, según informa AP, su aprobación popular pierde filo. Un reciente estudio de la firma Informe Confidencial señaló un descenso en la aceptación y credibilidad del gobierno, aunque su gestión sigue siendo calificada de buena o muy buena por más del 70 por ciento en Quito y Guayaquil.
Con los sondeos a su favor, Correa quiere cobrarse los desaires del Congreso, que rechazó o dejó en el limbo sus proyectos para controlar la banca, reducir el costo del dinero, combatir el contrabando de combustible y recomponer el Banco Central. Además de demandar penalmente al ministro de Economía, Patiño, el Parlamento también se opuso a una reforma que prohíbe la difusión de grabaciones clandestinas anunciando que la impugnaría por considerarla una mordaza a la prensa.
Correa llegó al poder sin postular candidatos al Congreso y ha anunciado que pedirá la disolución del mismo, aduciendo el supuesto sometimiento de los diputados a la banca.
En opinión de analistas, Correa quiere salir de un enemigo político argumentando el desprestigio y corrupción del mismo, cuando justamente el Legislativo empezaba a dar muestras de autonomía con respecto a su poder.
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