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En el marco de la causa se secuestraron 6.739 kilogramos de estas armas, que Fabricaciones Militares había embarcado hacia Connecticut, Estados Unidos. El precio total del cargamento secuestrado era de sólo 2.600 dólares, y se vendía como “material de desguace”, según informa hoy el diario La Nación, en base a fuentes que tuvieron acceso al expediente.
La causa es instruida por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia y por la fiscal Carolina Robiglio, y se encuentra bajo secreto de sumario.
Desde 2006, la Dirección General de Fabricaciones Militares se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido.
Gran parte del material bélico secuestrado tenía las numeraciones limadas y otras de las armas incautadas tenían un número de serie que no correspondía con lo declarado en los remitos de exportación, según los informantes. Los embarques iban dirigidos a la empresa JLD Enterprises, cuyo fundador es un argentino. La venta había sido aprobada hacía un año por una comisión integrada por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores.
Además, otra de las inquietudes se relaciona con la empresa que compraba las armas. Sospechan que sería lo que en la jerga judicial se denomina un "sello de goma". Por eso, por vía diplomática, se solicitó a los Estados Unidos un informe sobre JLD.
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