El conflicto que desde el mes de marzo sostiene el sector agropecuario argentino con el gobierno nacional se encuentra en un punto de máxima tensión al no haberse arribado a ningún acuerdo sobre el episodio disparador de las protestas: el esquema de retenciones móviles a la exportación de soja y girasol. Conflicto que amenaza con extenderse si para el 15 de mayo no se alcanza un acuerdo con el Gobierno de Cristina F. de Kirchner. En este sentido van los dichos de Mario Llambías –presidente de CRA- "Veremos ese día qué hacemos [en relación con el 15]", y luego sin dar más pistas, acotó: "El 16 se inicia una nueva etapa".
El pasado miércoles las cuatro organizaciones del campo anunciaron que reanudaban el paro patronal que durante 21 días en marzo, mediante unos 400 bloqueos de rutas, había provocado desabastecimiento de alimentos e insumos, al no recibir satisfacción a sus reclamos. Dijeron que lo harían por un plazo de ocho días, que concluye el jueves, y entonces volverían a analizar su estrategia.
La metodología diseñada por la mesa coordinadora de las cuatro Asociaciones Gremiales del sector (Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina) prevee un lock out patronal a la venta de productos de origen primario y su transporte a puertos. Los cortes de los productores no alcanzarán a los particulares, quienes no verán restringido su derecho de transitar libremente.
Los cortes que impedirán el paso de camiones con cereles y oleaginosos hacia los puertos serán complementados por una campaña de concientización mediante la cual los productores expondrán a la ciudadanía sus problemas y el planteo de soluciones posibles. No obstante se han registrado ya incidentes con camiones dedicados al transporte internacional de cargas.
Por su parte el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, declaró el domingo que el paro "resulta incomprensible" en vista de que el gobierno había presentado a las organizaciones rurales "propuestas superadoras" del conflicto.
"Es importante que la población comprenda que es obligación del gobierno mantener, por el bien de todos, los equilibrios entre el consumo doméstico y la alta demanda internacional de alimentos, que lleva a priorizar la exportación, por encima del abastecimiento del mercado interno", agregó De Urquiza. El gobierno sostiene que los gravámenes a la exportación agro-ganadera buscan impedir que los altos precios internacionales se trasladen al mercado interno y afecten el consumo de los sectores de menores ingresos.
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