Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron distancia del asesinato del Gobernador Luis Cuéllar, a quien acusaron de financiar a grupos paramilitares, apenas horas después de que organizaciones internacionales condenaran el asesinato y se abriera el debate sobre el proceso de liberaciones unilaterales anunciado por las FARC.
El Presidente Alvaro Uribe emitió un comunicado, apenas conocido el asesinato, para volver a culpar al "grupo narcoterrorista de las FARC" y ratificar la orden para que las Fuerzas Armadas y policiales intenten el rescate por la vía militar de los rehenes en poder de la guerrilla.
Por la tarde, la organización guerrillera acusó a Cuellar de financiar a los grupos paramilitares, por lo que –añadió-- "no era un simple civil" sino que "participaba en el conflicto armado".
"Sea quien sea, el autor del hecho, el Gobernador no era un santo. Participaba activamente en la guerra", señalaron las FARC, en un comunicado difundido por la agencia Anncol, habitual vocera de la organización.
La principal guerrilla colombiana remarcó que no es no descree que "en cuestión de horas, el Presidente (Alvaro Uribe) y su régimen hayan establecido que las FARC es la autora del hecho, sin mostrar ni siquiera una sola prueba".
Hasta ese momento, ni las FARC se habían adjudicado la muerte del Gobernador de Caquetá ni el gobierno había exhibido los elementos para culpar a la organización, pero todos los funcionarios dieron por hecho que la guerrilla estaba detrás del crimen, condenado por las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Cuéllar, que el martes cumplía 69 años y gobernaba desde enero de 2008 en representación de la centroizquierdista Alianza Social Indígena, fue secuestrado el lunes a la noche por hombres armados que irrumpieron en su casa, donde asesinaron a un policía y dejaron heridos a otros dos escoltas.
Su cadáver fue hallado cerca de la camioneta en la que se lo llevaron, que había chocado en la huida, rodeado de explosivos. Los rumores sobre la aparición de sus restos fueron confirmados por el propio Uribe, que especuló sobre las razones de que haya sido degollado.
"Seguramente los terroristas, para evitar hacer disparos, procedieron a degollarlo", señaló el jefe del Estado, e indicó que el gobierno no entendía cómo las FARC cometieron esa acción después de anunciar que dejarían en libertad a dos militares que tienen como rehenes.
Las FARC anunciaron en abril la entrega del Sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Calvo, liberaciones demoradas en medio de acusaciones mutuas entre los guerrilleros y el Gobierno en torno de obstáculos para que se cumpla el plan.
Moncayo, secuestrado hace 12 años, es el rehén que más tiempo lleva en manos de las FARC, mientras Calvo fue secuestrado en abril pasado.
Uribe lamentó al respecto que, mientras el Gobierno ha dado "todas las garantías" para la entrega de los militares, las FARC realizan un "teatro mediático".
Por su parte, la esposa de Cuéllar, Imelda Galindo, reveló que el Gobernador de la sureña provincia de Caquetá --secuestrado otras cuatro veces antes-- había advertido que si sufría una captura se iba a negar a caminar, lo que explicaría la decisión de ejecutarlo.
"¿Cómo es posible que sometan a una familia a cinco secuestros? Eso no es de humanos. El no se merecía eso", consideró la mujer, que relató que el lunes a la noche, los presuntos guerrilleros "entraron, destruyeron puertas y ventanas, y él, que estaba en la cama, me ordenó `al piso, un atentado'".
La prensa colombiana se pregunta por qué el caso terminó en un asesinato si aparentemente el objetivo de las FARC era secuestrar al Gobernador para reanudar la toma de rehenes políticos, una práctica que comenzó a aplicar hace algo más de una década, aunque el comunicado posterior de la guerrilla vuelve abstracta la duda.
Tras secuestrar a más de 20 políticos, de los cuales 11 murieron en un enfrentamiento nunca aclarado, los demás fueron liberados por los rebeldes o rescatados por el Ejército. El grupo armado tiene todavía como rehenes a 23 militares y policías.
El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, anunció que su institución investigará el secuestro y el asesinato de Cuéllar como una violación del Derecho Internacional Humanitario.
Mendoza afirmó que el caso puede incluso ser investigado por la Corte Penal Internacional, si la justicia colombiana no se esfuerza por capturar y castigar a los responsables, que según el Gobierno, eran miembros de las FARC.
"Desde el punto de vista jurídico, también hay que pensar en la posibilidad de atribuirlo o imputarlo como un delito contra el Derecho Internacional Humanitario, por la forma tan bárbara como se cometió", estimó el fiscal.
Sobre la decisión de Uribe de ordenar rescates militares, la Asociación de Familiares de Policías y Soldados Secuestrados por la Guerrilla (Asfamipaz) hicieron un llamado a "la cordura y la sensatez" y expresaron su temor de que el anuncio interrumpa el proceso de liberación de Moncayo y Calvo.
La ONG, liderada por Marleni Orjuela, señaló en un comunicado que los rehenes "no son responsables de lo que aquí suceda o pueda suceder y por tanto no pueden ser señalados indirectamente de estos hechos, para hacerlos blanco de un temible rescate militar".
El comunicado de las FARC, en tanto, rechaza "la 'verdad' construida a partir del discurso oficial de un régimen mafioso y paramilitar que hizo del crimen y de la guerra sucia una política de Estado" y lamenta que "el 90 por ciento del país ignora que el Gobernador asesinado tenía amplios lazos paramilitares".
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