El mandatario colombiano explicó, en un mensaje al país, que decidió aplicar la medida después de que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el 3 de septiembre y que no aceptaron las subidas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
Uribe alertó la gravedad de la situación que vive el país por "la cantidad de delincuentes que han quedado libres o a punto de volver a las calles".
Entre esos condenados se encuentran los responsables del secuestro y asesinato en 2006 de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria.
Por su parte, el ministro del Interior, Fabio Valencia, ha declarado que el estado excepción busca otorgar al consejo superior de la judicatura unas facultades extraordinarias para garantizar la descongestión de los despachos afectados por el paro.
“El gobierno no va a poner en riesgo el fisco nacional pero tampoco ha sido indolente”, afirmó el mandatario.
La excepción tiene una vigencia de 90 días calendario. En el primer decreto expedido bajo dicha medida, se le otorga al Consejo Superior de la Judicatura facultades extraordinarias para restablecer el servicio de la justicia y puede crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que “garanticen la prestación del servicio público esencial de la Justicia”.
Además, se le traslada a los notarios los procesos de jurisdicción voluntarios, que habitualmente manejan los jueces.
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