El presidente Alvaro Uribe defendió el miércoles a su vicepresidente y al ministro de Defensa acusados ante la Justicia por un ex comandante paramilitar de querer conformar milicias de extrema derecha en la capital colombiana y urdir un golpe de estado a finales de los 90.
Salvatore Mancuso, uno de los jefes desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también reveló en la audiencia que importantes empresas financiaron a esos grupos clandestinos, según asistentes a la diligencia.
El presidente afirmó que "tengo toda la confianza en la honestidad y la contextura moral" del vicepresidente Francisco Santos y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, ambos primos.
Mancuso señaló a las empresas alimenticias Bavaria y Postobón de financiar a los paramilitares, dijo Sergio Guzmán, abogado del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, quien estuvo presente durante el testimonio.
El ex jefe paramilitar nombró esas empresas y admitió que "dieron apoyo financiero para la expansión de los grupos paramilitares", agregó Guzmán.
La multinacional SABMiller compró en el 2005 a Bavaria, que de momento no emitirá un pronunciamiento.
Postobón no respondió a los pedidos de declaraciones.
Mancuso ofreció ampliar sobre las empresas que financiaron el movimiento paramilitar el jueves, en el tercer día de declaración.
Otras empresas, incluidas dos multinacionales estadounidenses, enfrentan procesos judiciales en Colombia por supuestos nexos.
Mancuso ratificó el miércoles que el ahora vicepresidente le propuso crear un bloque paramilitar en las afueras de Bogotá para aplacar una ofensiva guerrillera, según versiones de asistentes a la audiencia.
Asimismo señaló al actual ministro de haber querido urdir con guerrillas izquierdistas y las AUC un plan para derrocar al presidente Ernesto Samper (1994-1998).
Además, reveló que Mario Uribe, senador y primo del presidente, fue entre el 2001 y 2002, antes de las elecciones al Congreso "a pedirle respaldo... y éste senador llegó a la posición que hoy ocupa al senado con el respaldo y apoyo a las autodefensas", contó Guzmán. La versión fue ratificada por otros asistentes a la audiencia.
Samper dijo a la AP que supo del objetivo del hoy ministro de Defensa de "derrocar a mi gobierno". Santos admitió que se reunió en 1997 con Carlos Castaño, el difunto fundador de las AUC, pero sin intenciones conspirativas.
El vicepresidente, que admitió en una reciente entrevista haberse reunido con los paramilitares para buscar un diálogo de paz, envió una misiva al fiscal general mostrando su disposición a ser investigado debido a que "una de las personas sometidas a la ley de Justicia y Paz ha puesto en tela de juicio mi comportamiento".
El senador Uribe no estaba disponible para hacer comentarios de momento.
El gobierno de Uribe ha sido sacudido por la captura de 11 congresistas de su bancada, sospechosos de aliarse con paramilitares para obtener beneficios políticos.
En ese mismo proceso, la Corte Suprema anunció que abrió expedientes contra Habib Merheg Marún, senador de Risaralda; y contra la representante a la Cámara por Magdalena, Karelly Patricia Lara, informó el vocero de esa institución, Germán Gómez.
El miércoles la Fiscalía encontró méritos suficientes para llamar al gobernador del departamento del Cesar a responder por el delito de concierto para delinquir agravado, al buscar apoyo en los paramilitares de la zona y convertirse en candidato único.
Sin embargo, para hacer efectiva la orden de la Fiscalía, Molina debe ser destituido por el presidente Alvaro Uribe dentro de los próximos cinco días. Si el presidente no lo hace, pasado ese plazo la Fiscalía podrá detenerlo, explicó un funcionario del organismo acusador a la AP.
Mancuso también imputó a cuatro generales retirados, con quienes supuestamente planeó operaciones conjuntas.
El ex comandante es uno de los recluidos tras desmovilizarse en un proceso de paz que les ofrece penas máximas de prisión de ocho años si confiesan todos los crímenes que cometieron durante su campaña.
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