La Sede de Gobierno colombiano emitió un breve texto en el que se dice:
"El Senador del Partido liberal, Juan Fernando Cristo, debe decir con claridad si entregó o no dineros a campañas políticas para las elecciones parlamentarias de 1991. El sabe porque se le pregunta. Bogotá, 26 de agosto de 2008".
Al mismo tiempo, el partido liberal también lanzó una declaración, en la que rechazó los cuestionamientos del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, contra el senador Juan Fernando Cristo, y sostiene que el Jefe de Estado quiere acallar al partido.
En ese sentido, indica que el partido liberal da un paso al costado en relación a la discusión de la reforma a la justicia y la reforma política, debido a que el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, no es un interlocutor válido y elude su responsabilidad política en el caso de la Fiscalía de Medellín, penetrada por la mafia, donde su hermano fue jefe seccional.
Corte Penal Internacional
No sólo los enfrentamientos con el liberalismo inundan el horizonte político uribista. El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, se encuentra de visita oficial en Colombia, en momentos en que se había anunciado una supuesta obstrucción de justicia del presidente Uribe, por parte de la Corte Suprema colombiana.
En ese sentido, Álvaro Uribe señaló que a sus enemigos les iba a resultar difícil llevarlo a la Corte Penal Internacional, en unas declaraciones vertidas durante una reunión con funcionarios para presentar los resultados de su administración y divulgadas este martes por la Presidencia de Colombia.
"Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana", manifestó el mandatario.
Uribe había reforzado ayer sus críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que investiga a numerosos políticos oficialistas con nexos con la disuelta organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El mandatario respaldó a sus secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, quienes admitieron haberse reunido en la sede presidencial con emisarios de jefes paramilitares de derecha que dijeron que iban a entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el Gobierno.
"Me amenazan con la Corte Penal Internacional los que en su momento dejaron que el narcotráfico se impusiera en la Constituyente del 91 para eliminar la extradición", señaló Uribe.
Las AUC, que reunían los comandos de defensa campesina creados hace más de 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas, celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El fiscal Moreno Ocampo viajó a Colombia para recoger informes sobre los procesos contra los paramilitares y contra políticos asociados con esos grupos ilegales.
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