En una finca del sector de Llanogrande se encontraba Quintero, quien fuera en su momento alcalde de Rionegro, a unos 220 kilómetros al noroeste de Bogotá. Hasta allí fue a apresarlo el CTI de la Fiscalía General, al estar investigado por sus presuntos vínculos con un jefe paramilitar, el desmovilizado Freddy Rendón 'El Alemán', al frente del bloque 'Elmer Cárdenas'.
El senador Quintero resultó electo para el Senado colombiano en 2002 gracias a un alto porcentaje de votos en la zona bananera de Urabá, que conformaba el territorio de actividad del BEC, según la investigación realizada por la investigadora Claudia López.
Según señalara en su comparecencia ante la justicia Freddy Rendón, Quintero recibió apoyo de su organización para obtener altas votaciones en las zonas en las que operaba.
Otro testigo dijo también a la Corte que el congresista se comprometió también a rotar la curul del Senado con Elbo E. Escobar, presunta ficha de 'El Alemán', y no cumplió.
Quintero, se convierte en el vigésimo tercer congresista en ser capturado por ordenes de la Corte Suprema de Justicia, para que responda por delitos relacionados con el llamado caso de la "parapolítica".
El senador, al que se investiga por recibir apoyo electoral del jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", para las elecciones de 2002, será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá, se informó oficialmente.
Quintero es el primer senador del departamento de Antioquia, al noroeste del país en ser vinculado al escándalo conocido como la "parapolítica" que ha involucrado a políticos colombianos.
Aparte de haber sido alcalde de Rionegro, Quintero fue vicepresidente de la Comisión Legal de Ordenamiento Territorial del senado y presidente en Antioquia de su colectividad política.
Aunque era un experimentado político de la zona de Rionegro, su mayor votación la obtuvo en Urabá, un área distante del sector donde normalmente hacía proselitismo, según se desprende de las investigaciones de la Fiscalía.
El caso de la "parapolítica" fue dado a conocer a finales de 2006, cuando uno de los involucrados divulgó pactos de políticos con grupos paramilitares, especialmente en los departamentos del litoral Caribe.
Los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de tres años de intensas negociaciones de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, desarmaron y desmovilizaron más de 31.000 combatientes ilegales.
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