En una comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que investiga las supuestas prácticas de tortura de la CIA a prisioneros extranjeros, Ashcroft defendió que "tal y como definió la CIA esta práctica entonces, no se la podía considerar como tortura".
Él mismo, como responsable del Departamento de Justicia, aprobó dos directivas internas que legalizaron esta técnica entre 2002 y 2003. Posteriormente retiró estas normativas. "Simplemente, rectificamos unos argumentos legales erróneos", dijo ayer.
Ambas directivas, redactadas en agosto de 2002 y diciembre de 2003, definieron el concepto de tortura como "un acto extremo" que causara un dolor similar al de la muerte o al del "fallo de un órgano vital".
Prácticas como desnudar a los presos, amenazarles con perros o fingir su ahogamiento quedaban excluidas. "Resultó evidente, en un examen posterior de ambas opiniones legales, con un marco temporal más amplio, que había asuntos problemáticos en ellas", dijo ayer. Aun así, apuntó que "no hay razón para no creer que estas técnicas fueron altamente valiosas" a la hora de extraer información "a aquellos que querían hacer daño a EE UU". "El valor de la información recabada a través del uso de estas técnicas de interrogación era mucho mayor que el de otros métodos", explicó.
El ex fiscal general pidió que se concediera al presidente George W. Bush el beneficio de la duda "en una época en la que el país había sido duramente atacado". "Nos enfrentábamos a una situación totalmente novedosa", explicó quien prestó servicio al frente del Departamento de Justicia entre enero de 2001 y febrero de 2005.
