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El juez de distrito de Washington, Royce Lamberte, aceptó ayer el acuerdo entre el Departamento de Justicia y la multinacional bananera Chiquita Brands Internacional, por el cual ésta deberá pagar una multa de 25 millones de dólares por los pagos hechos al grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de la mayor sanción impuesta hasta el momento bajo la legislación antiterrorista de EEUU.
El pasado marzo, Chiquita se declaró culpable de haber hecho más de 100 pagos a ese grupo paramilitar colombiano por un importe total de 1,7 millones de dólares.
La propia fiscalía se mostró la semana pasada favorable a que la empresa pagara los 25 millones, cantidad de la que ya ha abonado cinco millones, incluso antes de que el juez diera a conocer la sentencia.
La sentencia del juez Lamberth impone además a la empresa un periodo de prueba de cinco años, durante el cual deberá hacer pagos anuales de cinco millones, hasta completar la sanción.
Además de la multa, la empresa fue forzada a establecer una comisión ética que se encargará de educar a sus empleados en un tema más bien obvio: que es un crimen pagar a grupos terroristas.
Como parte del acuerdo, el departamento de Justicia de EEUU también decidió no presentar cargos contra ex directivos implicados en los pagos efectuados a las AUC entre 1997 y 2004.
También por la 'colaboración' de Chiquita con la investigación, el departamento de Justicia decidió no imponer la multa máxima para estos casos, que llega a los 100 millones de dólares.
El asesor y ejecutivo de la multinacional James Thompson señaló que la sentencia es la “decisión correcta” y “responde a los esfuerzos de buena fe que ha hecho la compañía para manejar esta situación tan complicada”.
Thompson insistió en que la empresa fue “obligada a pagar extorsiones” por parte de las AUC y que lo hizo con el “único objetivo de proteger las vidas de sus empleados y de sus familias”.
Por su parte, el ministro del Interior colombiano, Carlos Holguín, dijo la semana pasada que el arreglo deja la sensación de que se puede cometer un crimen y salir limpio con el solo pago de una sanción.
Este hecho también lo destacó el juez Lamberth cuando pronunció la sentencia, al recordar que la conducta de Chiquita era ilegal y permitió a las AUC asesinar a civiles inocentes.
Dejó entrever, además, su preocupación por el hecho de que las recomendaciones de la fiscalía no recogieran la responsabilidad individual de los directivos en estas muertes.
Con esta sentencia, Chiquita podrá pasar página a un escándalo de alcance internacional, que comenzó con los pagos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que después se extendió a las AUC.
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