Con la aplicación del nuevo texto, el Gobierno central de Venezuela consigue el control de los puertos, aeropuertos y vías de comunicación que considere de interés nacional, que hasta el momento se hallaban en manos de las administraciones locales.
De acuerdo a lo que publica el diario El País, el partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP) denunció en la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas lo que considera un abuso de poder por parte del presidente venezolano. "Denunciamos a Chávez de intentar generar zozobra con este golpe de Estado sistemático a la Constitución y a la soberanía popular, al desconocer competencias" de alcaldes y gobernadores elegidos en los comicios municipales y regionales del pasado 23 de noviembre, ha dicho Oscar Pérez, dirigente de ABP.
"A golpe y porrazo, dándole una patada a la mesa, sin esperar siquiera que se sancionara esta inconstitucional reforma, el Gobierno asumió el control de facto" de esas instalaciones en zonas cuyas autoridades "no son afectas a la gestión de Chávez", remarcó Pérez. Los activos más destacados cuya administración podrá volver al Gobierno central son los puertos y aeropuertos de los estados de Carabobo y Zulia, ambos gobernados por la oposición.
El texto de la reforma ha entrado en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela, una vez aprobado por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. Hugo Chávez, quien firmó el texto el pasado martes, ha declarado que esta reforma impedirá que "la República se desmembre" y que los gobiernos regionales se conviertan en "republiquitas" autónomas dentro del Estado.
Uno de los principales argumentos utilizados por el oficialismo para respaldar la reforma es que en los puertos y aeropuertos bajo administración opositora se han instalado "mafias" que potencian "el contrabando, el narcotráfico y la corrupción".
23º / 31º
