El gobierno del presidente Chávez está incrementando las presiones sobre los medios de comunicación y los periodistas. Un campo especialmente sensible en este año electoral.
Una controversial Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales será aprobada en breve por la Asamblea Nacional, y le otorgará un poder aboluto al Ejecutivo para ordenar a discreción un blackout informativo por razones de seguridad nacional, a completa discrecionalidad del presidente, informó el diario El Nuevo Herald en su página web.
Según el periódico, La ley tendría ya el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TJS).
La polémica iniciativa permitirá a Chávez suspender cualquier tipo de "transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza'', mediante "comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse'', invocando razones de "orden público, la seguridad o los intereses de la Nación''.
Los periodistas han sentido la presión legal tan cerca que esta semana lanzaron una campaña nacional e internacional, junto a otros gremios profesionales, para denunciar la inconstitucionalidad de varias de la leyes aprobadas por Chávez recientemente, y que afectan el ejercicio profesional, dijo Roger Santodomingo, directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
"Se está queriendo llevar a Venezuela a un gobierno socialista donde se escuche una sola voz. Un modelo socialista que no fue aceptado el pasado 2 de diciembre'', declaró Santodomingo en una conferencia de prensa el jueves.
Ataques contra medios y reporteros
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este jueves un comunicado alertando contra el recrudecimiento de los ataques contra medios y reporteros en Venezuela.
Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció los actos de hostigamiento contra la prensa en Venezuela, fomentados por la polarización política del país sudamericano.
Marroquín denunció en un comunicado que el pasado martes 19 de agosto el presidente Hugo Chávez atacó los diarios El Nacional y El Universal, a los que calificó de defensores de intereses contrarios a la nación, a raíz de los titulares que ambos diarios publicaron relativos a la nacionalización de la industria cementera CEMEX, así como en contra del paquete de 26 leyes aprobadas por Chávez con poderes especiales.
La SIP expresó también su preocupación por el uso excesivo de la fuerza militar y los ‘‘procedimientos posiblemente discriminatorios'' empleados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a principios de esta semana, para clausurar las emisoras de radio Rumbera Network 101.5 FM y Llanera 91.3 FM, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.
El cierre de estas dos emisoras con profusion de despliegue de poderío militar, fue calificado como una medida desproporcionada y retaliatoria
Además, esta semana abundaron las denuncias sobre el uso presuntamente ilícito de recursos mediáticos públicos por parte del chavismo, para fines electorales.
La organización Democracia Renovadora presentó ante la Fiscalía General una petición para investigar el presunto peculado de uso por parte del gobierno para promover candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellas el uso vehiculos y aviones oficiales, además de la televisión estatal.
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