Al menos medio docenas de empresas venezolanas y tres transnacionales que surtían gasolina a estaciones de servicio serán estatizadas por una ley que aprobó el jueves la Asamblea Nacional, según la cual el gobierno controlará ese negocio y el transporte de combustibles.
El Congreso, conformado en su mayoría por aliados del gobierno, aprobó una ley que declara de utilidad pública la intermediación de gasolina y ordena a los mayoristas de combustible negociar en 60 días un acuerdo para la nacionalización de las empresas.
La norma prevé que los grupos extranjeros y locales deberán vender a PDVSA los surtidores de gasolina, bombas sumergibles y tanques que han instalado en las estaciones de servicio a las que abastecían, mismas que operaban con la marcha acordada con el proveedor.
Las principales empresas que serán afectadas son: Trébol que controla 17% del mercado y Llano Petrol maneja 9%. British Petroleum tiene una participación de 7%, Exxon Mobil 5% y ChevronTexaco 3%. PDVSA maneja 49% la actividad de intermediación de combustibles.
Estas compañías le compraban combustibles a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y lo vendían a gasolineras.
La ley aprobada prevé que de no llegarse a un arreglo al vencer el plazo de negociación, el gobierno podrá realizar la "adquisición de los activos" de las intermediarias por medio de un decreto de expropiación.
La normativa establece que el Estado se reserva también "las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustible líquidos" y se da potestad al gobierno para asumir las empresas transportistas solo cuando "desarrollen concentraciones de mercado".
El diputado oficialista Angel Rodríguez dijo a la prensa que la corporación estatal PDVSA tiene previsto asumir el "60% de transporte" de combustibles y dejar en manos de privadas el resto del negocio.
Rodríguez consideró que la ley redundará en "un mejor servicio" en las estaciones de gasolina.
El diputado del partido opositor Podemos, Juan José Molina, dijo que la nueva regulación "confisca a través de ley las posibilidades de hombres y mujeres que desarrollen la actividad de transporte de combustible".
"En el caso de esta ley... se le está permitiendo al Estado que de manera arbitraria, que de manera abusiva, diga quiénes son los que van a manejar la distribución del combustible y cuándo lo van a manejar y qué empresas lo van hacer", declaró Molina.
Onofrio García, directivo de la Federación Venezolana de Transporte de Petróleo e Hidrocarburos, elogió que los congresistas eliminaron la propuesta que imponía la estatización expresa de las empresas con más de cinco camiones y dejaron la decisión final en manos del Ministerio de Energía.
El vicepresidente de la mayorista privada Trébol Gas, Orlando González, dijo que a pesar de que la nueva legislación no favorece a los intermediarios, las 460 familias que trabajan en ese negocio esperan "poder acompañar al Ejecutivo, queremos colaborar".
"Seguiremos haciendo propuestas alternativas para seguir operando sin ser mayoristas. No hay problemas. El juego no se ha cerrado", acotó.
La nueva legislación fue aprobada por los 160 diputados aliados al gobierno y solo la rechazaron los siete congresistas de Podemos.
La nueva normativa dispone que las 1.854 estaciones de combustible del país con distintas marcas pasarán a nombre de la corporación estatal. PDVSA cuenta en la actualidad con unas 600 estaciones de gasolina y el resto --un 67%-- está en mano de inversionistas privados locales.
PDVSA tiene planeado invertir 700 millones de bolívares fuertes (unos 325,5 millones de dólares) para adquirir 60% de la flota de transporte de gasolina, que representan 1.200 unidades, según informó en la víspera Rodríguez.
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