El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) hizo público su malestar respecto a las nuevas regulaciones por intermedio de un comunicado, una normativa con la que, consideró, Hugo Chávez "ha derrocado el imperio de la ley y lo ha sustituido por la dictadura de la arbitrariedad, la obstinación, la trampa y la mentira".
"La intención manifiesta del gobierno ha sido propinarle un golpe mortal a los derechos de propiedad, al libre emprendimiento y a las inmensas posibilidades de la acción privada", señaló el comunicado.
Con dichas leyes, tal y como lo criticara Consecomercio, "se legitiman definitivamente el control punitivo, la extorsión política y la expropiación confiscatoria que podrá ser aplicable sin aviso y sin protesto".
Según dicha organización de comerciantes, la nueva legislación es en realidad una reedición de la reforma constitucional que resultara rechazada en diciembre pasado en el referéndum.
"Las 26 leyes son una apuesta a la utopía irredenta del comunismo de nuevo cuño", añadió el escrito.
La nueva regulación
Tres de las más importantes organizaciones empresariales venezolanas manifestaron su rechazo, a lo largo de esta semana, al paquete de leyes, poniendo de manifiesto el enfrentamiento que se intensificó entre el sector privado y el gobierno de Chávez, quien llamara un mes y medio atrás a un pacto con los empresarios, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico.
La mayoría de los 26 decretos-ley, que entraron en vigencia el 31 de julio extienden el control del gobierno sobre la economía, especialmente sobre la producción de alimentos, el comercio y los servicios en general.
Entre los instrumentos aprobados en el último día de habilitación figuran: las leyes de Turismo, Transporte Ferroviario, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Vivienda, Espacios Acuáticos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana; y reformas a la leyes del Sistema de Seguridad Social y de Bancos.
Chávez usó la ley habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional para legislar por 18 meses para emitir 65 decretos-ley.
El vicepresidente Ramón Carrizalez defendió el jueves el paquete de leyes señalando que están orientados a promover el desarrollo del país.
"Está claro que las leyes son beneficiosas y el mejor indicativo es la virulencia con que son atacadas. Uno de esos ataques es que no fueron elaboradas por bufetes dependientes de los grandes medios de comunicación, de los grandes conglomerados financieros", dijo Carrizalez durante un acto con militares en la capital.
El gobernante venezolano aprovechó la ley habilitante para nacionalizar las cuatro asociaciones petroleras de la Faja del Orinoco, la mayor telefónica y siderúrgica del país, y los sectores eléctrico y cementero.
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