Esta modalidad se mantendría hasta el martes, cuando tendrá lugar una nueva negociación, luego de la cual los ruralistas acordarían los pasos a seguir.
La situación es mirada con atención por los mercados globales, dado que Argentina es uno de los mayores proveedores de carne y granos del mundo.
Tras una huelga de tres semanas en marzo que desabasteció de alimentos básicos a grandes ciudades, y que se convirtió en la primera gran crisis política de la presidente Cristina Fernández, los productores lanzaron el 2 de abril una tregua que culminó el jueves sin mayores avances.
A lo largo de los 30 días de tregua, el Gobierno confundió a las entidades alternando momentos de negociación con otros de fuerte enfrentamiento, y sólo sobre el final del plazo se lograron acuerdos parciales sobre las exportaciones de carne y el precio interno del trigo.
Sin embargo, el Gobierno no publicó aún las normas que pactó con los productores.
En tanto, en la reunión del día martes autoridades y ruralistas colocarán en la mesa de diálogo el polémico esquema de tributos móviles a las exportaciones de soja y girasol, según el cual el impuesto fluctúa de forma proporcional a los aumentos y descensos de los precios internacionales, y que desató las protestas.
"El tema de las 'retenciones' (impuestos a exportaciones) es prioritario. En todas las asambleas lo que se está reclamando es no haber logrado un acuerdo en ese punto", dijo este sábado a la prensa Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, que congrega a 10.000 grandes hacendados de la rica Pampa Húmeda. Los agricultores consideran confiscatorio ese impuesto y piden su derogación, pero el gobierno cree que el tributo sirve para redistribuir la riqueza y se niega a ceder a los reclamos.
Pese a los tironeos con el Gobierno, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, se mostró un poco más optimista y dijo que la intención de las entidades "es no volver a cortar las rutas."
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