López Obrador anunció el domingo la instalación de 47 campamentos de resistencia civil, que permanecerían en la capital mexicana hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apruebe un nuevo recuento "voto por voto" de los sufragios emitidos el pasado 2 de julio.
Los campamentos se han situado en las principales vías de la ciudad como la plaza del Zócalo, donde López Obrador pasó la noche, la avenida Juárez y el Paseo de la Reforma, del que han ocupado cerca de ocho kilómetros. En este último se encuentran hoteles como el Meliá, el Marquis Reforma y el Fiestamerica, entre otros, y sedes de órganos oficiales como la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y la Bolsa Mexicana de Valores.
En relación con el asunto, fuentes del Centro de Información policial de la ciudad dijeron que a pesar del plantón en el Paseo Reforma no hay un operativo especial de la policía capitalina para paliar el complicado tráfico en la metrópoli. "Hasta ahora, lo único que estamos haciendo es mantener la vigilancia. Las calles van a seguir así", explicaron fuentes de la dependencia, que indicaron que la prioridad hoy es "tratar de que las vías alternativas fluyan con rapidez".
En el área metropolitana de la capital mexicana viven unos veinte millones de personas, que en su mayoría utiliza sus vehículos particulares y el transporte público para desplazarse y realizar su trabajo a diario.
El Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz, explicó en una entrevista de radio que pese a esta situación "no está afectada la libertad de tránsito" de la gente, porque hay vías alternativas para circular.
Ruiz dijo que el plan del Gobierno del Distrito Federal, en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el de López Obrador, es negociar con los manifestantes para "liberar algunas zonas", congestionadas en la hora de mayor tráfico, y aseguró que en ningún caso se utilizará la violencia contra los manifestantes.
Por su parte, el Gobierno del Presidente mexicano, Vicente Fox, confió en que la alcaldía resuelva esta situación y dijo que las fuerzas federales sólo actuarían a petición del ayuntamiento.
El Portavoz de la Presidencia, Rubén Aguilar, reiteró en rueda de prensa el "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía y los mercados, y aseguró que la situación postelectoral no ha alterado la "buena marcha" de los índices macroeconómicos.
Aguilar señaló que la comunidad nacional e internacional "entienden" que la situación está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que más del 70% de los mexicanos "confía las decisiones de esta institución", según las encuestas.
Por su parte, desde el Partido de Acción Nacional (PAN), al que pertenecen Fox y Calderón, se criticaron los plantones y las consecuencias que sufre la ciudadanía. El Portavoz del partido, César Nava, lamentó en una emisora local que los paros se produzcan "con la complacencia del Jefe de Gobierno, Alejandro Encinas", a quien acusó de haber "desatendido sus obligaciones y convertirse en un activista más en la campaña de López Obrador".
Según la policía de la capital -donde gobierna la izquierda- alrededor de 1,2 millones de personas participaron en la marcha del domingo, la tercera que encabeza el izquierdista en tres semanas, aunque las cifras de esta fuerza suelen ser exageradas.
"El pueblo se levanta"
En la marcha de ayer participaron -desde familias hasta ancianos- con banderas y camisetas con el color amarillo del PRD y con pancartas que decían "López Obrador aguanta, el pueblo se levanta" y "No al fraude".
"Las elecciones fueron una porquería", dijo María Teresa Priego, una empleada del Gobierno de la Ciudad de México, de 57 años, que nació en el mismo estado del candidato, Tabasco.
López Obrador impugnó más de la mitad de las 130.000 casillas, acusó penalmente a los consejeros electorales que supervisaron los comicios y dijo que sólo aceptará los resultados si se cumple con su reclamación.
El conflicto político provocó una crisis en la inmadura democracia mexicana, que hasta el año 2000 vivió bajo siete décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la victoria del actual mandatario Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN).
El Tribunal Electoral ahora tiene hasta el 31 de agosto para decidir si da curso a la reclamación de López Obrador o declara Presidente electo a Calderón; puede también ordenar un recuento parcial en algunas casillas, una opción que el PRD ha dicho que no apoya. Y también puede ordenar el recuento total de votos.
Más información en Integración Regional:
López Obrador radicaliza sus reclamos
23º / 31º
