El Presidente de Estados Unidos,
George W. Bush, amenazó con vetar la propuesta demócrata de la
ley de escuchas telefónicas que tiene previsto votar hoy la Cámara de Representantes y que, en su opinión, "socavará la seguridad del país".
El mandatario se refirió a la ley de vigilancia electrónica, conocida como "Ley para Proteger a Estados Unidos" (PAA), que fue aprobada en agosto de 2007 y que caducó el pasado 16 de febrero.
En una declaración leída en los jardines de la Casa Blanca, Bush volvió a presionar al
Congreso para que apruebe una nueva versión de la ley que conceda inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones que, a petición del Gobierno, participaron en el programa de escuchas en suelo estadounidense.
La versión que tiene previsto votar hoy la Cámara de Representantes no incluye esta provisión.
Según dijo, "los líderes (demócratas) de la Cámara de Representantes saben que el Senado no la aprobará. Y si el Senado la pasara, saben que yo la vetaré".
En opinión de Bush, la propuesta demócrata "provocará pérdidas vitales en la lucha contra las amenazas terroristas, al no dar protección legal contra las demandas presentadas en contra de las compañías de telecomunicaciones que cooperaron con el Gobierno tras el 11-S".
"Las compañías que nos ayudaron a salvar vidas deberían contar con nuestro agradecimiento por su servicios patrióticos, y no estar sometidas a las demandas multimillonarias, que les hará estar menos dispuestas a colaborar en el futuro", apuntó.
Además, la iniciativa demócrata "puede reabrir peligrosas brechas de inteligencia, al obligar a acudir al engorroso proceso de pedir autorizaciones judiciales (para realizar escuchas), lo que hará mas difícil investigar a los terroristas extranjeros".
Tras vencer la ley, el pasado 16 de febrero, el Senado estadounidense aprobó una prórroga de la normativa, pero la Cámara de Representantes se negó a hacerlo porque muchos legisladores se oponen a conceder inmunidad retroactiva a las empresas de telecomunicaciones.
Se calcula que unas 40 demandas judiciales fueron entabladas contra las compañías telefónicas, en las que se piden millonarias indemnizaciones.
Los demócratas defienden que, aunque haya caducado la ley, la comunidad de inteligencia puede seguir llevando a cabo las escuchas telefónicas durante el resto del año y, si es necesario, los agentes podrán solicitar permisos de emergencia para espiar a los terroristas.
Eso se debe a que una ley federal de 1978, conocida por su sigla en inglés "FISA", autoriza, mediante tribunales secretos, permisos de urgencia si surgen nuevas amenazas o grupos terroristas que el Gobierno quiera investigar.
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