Delegaciones técnicas de Argentina y Uruguay comenzarán a escribir mañana desde las 9 hora local un nuevo capítulo del pleito en la sede de la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas (ONU), que encabeza el embajador y emisario real para este caso, Juan Antonio Yánez Barnuevo.
La cita será continuidad de la que se produjo en el mismo escenario a fines de mayo último y tendrá nuevamente en el centro del debate la "localización" de la planta que la compañía finlandesa Botnia se dispone a inaugurar en un par de meses para empezar a producir, progresivamente, un millón de toneladas de pasta de celulosa al año.
En esta ocasión, la representación argentina va "dispuesta a avanzar decididamente en dar con una salida del conflicto" pero, para esto, resultará indispensable que su par de Uruguay "brinde las explicaciones que le den sustento a este emprendimiento en un río compartido, que está amparado por un Tratado bilateral que fue desconocido".
Así fue reseñado a Télam por una fuente oficial participa de las conversaciones, que además indicó que "los gestos argentinos a favor del diálogo, de una apertura total para encontrar una solución, serán los de siempre".
De hecho, fue el presidente Néstor Kirchner quien recurrió a la instancia real para que interviniera en esta compleja situación, recuerdan en la delegación nacional.
Es conocida la postura argentina que se basa en que Uruguay violó "en cinco ocasiones" el Tratado bilateral vigente desde 1975 para aprobar la iniciativa finlandesa, fuertemente rechazada desde Entre Ríos en general y desde la ciudad de Gualeguaychú en particular.
También es público que desde la Cancillería se criticó la "política de hechos consumados" asumida por Uruguay y se solicitó en reiteradas ocasiones la necesidad de una "relocalización" de la planta considerada "contaminante" por la Argentina.
La reunión se producirá a 10 días de que Uruguay se presentara ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para asegurar por escrito que Argentina estaba "en conocimiento" de que se llevaría adelante el emprendimiento de Botnia.
En el mismo documento, denominado "contra memoria", el gobierno de Tabaré Vázquez sostiene también que el ejecutivo de Kirchner "convalidó" la obra, aunque para esto no proporcionó documentación validada por ambos gobiernos, según revelaron a Télam fuentes del máximo Tribunal.
De acuerdo con el planteo que arrojó el encuentro binacional de mayo, Uruguay deberá proporcionar un cúmulo de respuestas para justificar por qué autorizó la obra de Botnia en Fray Bentos, sobre márgenes del río Uruguay, frente a Gualeguaychú.
Recién después de esto, se activarán para el debate los efectos contaminantes para la región que provocará el accionar de una planta de tamaña magnitud, dando paso a los estudios, análisis y proyecciones recogidos desde ambos países.
Virtualmente resignado a la existencia de cortes de rutas binacionales por parte de asambleístas entrerrianos, el gobierno uruguayo volverá en estas jornadas a cargar con su propuesta de dejar de lado el pleito estableciendo un mecanismo de "monitoreo conjunto" de la obra.
Así fue aseverado a Télam por una miembro central de la comitiva uruguaya, que de igual modo agregó que la propuesta anexará "extender al plano del Mercosur la situación, para que se redacte una normativa regional para la explotación forestal".
"La idea de proyectar una asociación regional, que tendría como principales actores a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile", apuntó la calificada fuente.
La delegación argentina es encabezada por la directora general de Consejería Legal de la Cancillería, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, mientras que al frente del grupo de Uruguay está el secretario general de la diplomacia del vecino país, el embajador José Luis Cancela.
Junto con Ruiz Cerruti están el jefe de Gabinete de la Cancillería, Alberto DAlotto; el asesor científico de la secretaría de Medio Ambiente, Jorge Rabinovich, y el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Gabriel Moguilner, entre otros técnicos.
Por Uruguay, integran la comitiva también la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres; el abogado Alberto Pérez Pérez; Eugenio Lorenzo (representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río Uruguay) y Raquel Piaggio, asesora del ministerio de Industria.
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