Algunas carreteras fronterizas que comunican con Brasil, Argentina y Paraguay continuaban cerradas el jueves, por segundo día, debido a una protesta de productores y transportistas contra la prohibición de exportar aceite y otra de pobladores de la ciudad de Camiri, al sur, que piden al gobierno la reversión de un campo petrolero y la instalación de una planta separadora de líquidos del gas natural.
Camioneros procedentes de países vecinos se quejaron de que no pueden depositar sus mercancías en las mencionadas aduanas.
La protesta de productores y transportistas va dirigida contra la prohibición de exportar aceite, decretada la semana pasada por el Gobierno para evitar que las empresas del sector fijen "precios intolerables" y tratar de garantizar el abastecimiento del mercado nacional.
Una de las firmas afectadas pertenece a la familia del empresario Branco Marinkovic, uno de los opositores más duros al presidente Evo Morales en la región de Santa Cruz, la más rica del país.
Tampoco pueden exportar sus aceites la sociedad estadounidense Archer Daniels Midland ni una compañía que pertenece al Grupo Romero de Perú, que venden sus productos en la Comunidad Andina y en Chile.
Por su parte, los habitantes de la localidad oriental de Camiri mantienen cortada la principal ruta hacia Argentina y Paraguay.
La población de Camiri, que en su momento fue la capital petrolera del país, demanda al Gobierno de Morales una "verdadera" nacionalización de los hidrocarburos y una refundación efectiva de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas dijo a periodistas que el gobierno enviará una comisión negociadora pero anticipó que no será posible instalar una planta separadora.
En tanto el presidente del Comité de Huelga, Mirko Orgaz dijo desde Camiri a 600 kilómetros al sureste, que la huelga "indefinida con corte de caminos seguirá invariable", mientras el gobierno no atienda las demandas entre ellas la reversión de un campo "paralizado" que está bajo control de una subsidiaria de la empresa hispano argentina Repsol YPF.
Los camireños también reclaman que el Estado recupere el control de tres campos de gas de la zona operados por la petrolera hispano-argentina Repsol YPF y su filial Andina.
Aseguran que Repsol YPF no ha cumplido con las inversiones comprometidas, algo que ha rechazado la compañía en varias ocasiones.
Los campos y una planta de la transportadora de hidrocarburos Transredes, dependiente de la británica Ashmore, están custodiados desde hace días por el ejército.
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