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Los prefectos y los representantes de las seis regiones opositoras al presidente Evo Morales -Santa Cruz, Pando, Tarija, Beni, Cochabamba y Chuquisaca-, decidieron ayer desconocer el carácter democrático del Gobierno, a raíz de los hechos violentos del último jueves, cuando el oficialista MAS, en medio de un cerco al Congreso, convocó a dos referendos para el 4 de mayo.
“Después de los últimos acontecimientos, este gobierno se ha convertido en un gobierno de facto y cae hoy sobre nosotros la responsabilidad de buscar la alternativa democrática para el país”, dijo el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anticipó a la prensa local que el Conalde tomará decisiones contra "el golpe artero a la democracia" que supuestamente dio el gobierno al llamar a consulta popular tras obtener la autorización el jueves del Congreso en una sesión en ausencia de la oposición.
El Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los prefectos (gobernadores), cívicos y parlamentarios opositores, en su reunión de ayer en Santa Cruz de la Sierra, decidió desacatar los referendos, convocados para el 4 de mayo, uno para dirimir sobre los latifundios y el otro para ratificar la nueva Carta Magna impulsada por el oficialismo.
Otra posición que quedó definida en el Conalde es que si hay un referéndum dirimidor en el país, tiene que ser con el tema de la capitalidad plena para Sucre (el traslado de los tres poderes del Estado desde La Paz hacia Sucre) y no la de la tenencia de tierra, como el que fue convocado.
Ante el inminente llamamiento al desacato, el presidente de Bolivia, advirtió el domingo que el tiempo del diálogo para superar la crisis política en su país se agota. A pesar de ello, Morales llamó a la oposición a reanudar el diálogo, interrumpido el fin de semana cuando un Congreso oficialista autorizó el referendo a fin de avalar la nueva Carta Magna.
Por su parte, el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, dijo que “hay un grupo muy duro, yo diría fascista, de la oposición cívica-empresarial que no quiere nueva Constitución, no importa qué cambio le hagamos no quiere nueva Constitución porque sabe que si la aprobamos ya no van a poder privatizar hidrocarburos, ya no van a poder repartir las tierras como las repartían antes; y ese es el punto de fondo".
Los liderazgos de esas seis regiones son firmes opositores de Morales y anteponen las autonomías regionales a la nueva Constitución, para las cuáles también convocaron a referendums, comenzando en mayo en Santa Cruz.
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