Pese a la incertidumbre por las peleas jurídicas, huelgas de hambre, conflictos sociales, la guerra verbal y denuncias mutuas entre el Ejecutivo y la oposición, todo parece encaminado hacia la votación a la que están llamados más de cuatro millones de electores.
Mañana, los bolivianos decidirán la continuidad o revocación de los mandatos de Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueves prefectos (gobernadores) del país, salvo la de Chuquisaca, Savina Cuéllar, que recién juró su cargo el mes pasado.
El ministro de Exteriores, David Choquehuanca, denunció el viernes en una rueda de prensa que "grupos antidemocráticos" todavía llevan a cabo acciones violentas "para sabotear e intentar evitar" que se celebre la consulta del domingo.
Según Choquehuanca, los prefectos comenzaron a desarrollar "acciones reñidas con la democracia" después de que, según él, las encuestas pronosticaran el triunfo de Morales y la posibilidad de que algunos gobernadores opositores sean revocados.
Sin embargo, el ministro de Exteriores no respaldó de forma explícita la denuncia formulada en la víspera por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de que el país se encuentra en el "umbral de un verdadero golpe de Estado" preparado por la oposición.
"¿Quién ha dicho eso?, ¿el Presidente?", replicó el canciller a los periodistas, luego de que estos consultaran su opinión sobre el presunto golpe en gestación denunciado por su colega Quintana.
Choquehuanca se limitó a decir que hay un "apoyo total de todos los presidentes" de la región al proceso democrático con el referendo, por lo que, a su juicio, desde el exterior las naciones "estarán vigilantes de lo que pueda pasar".
La denuncia de Quintana había sido rechazada en la víspera por el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), líder de alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos), quien dijo que el presunto golpe de Estado es una "cortina de humo que nadie cree".
El canciller aseguró que Morales buscará "a toda costa evitar la confrontación" con la oposición como lo demostró esta semana al cancelar su reunión en Tarija con sus colegas de Argentina, Cristina Fernández, y Venezuela, Hugo Chávez, a raíz de los disturbios causados por opositores en el aeropuerto de esa ciudad.
El clima político todavía mantiene como foco de tensión la huelga de hambre de los prefectos opositores autonomistas de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Pando, Leopoldo Fernández, que están dispuestos a mantener su medida en la jornada de votación, secundados por decenas de dirigentes cívicos.
A esa huelga prevé sumarse en las próximas horas su colega de Tarija, Mario Cossío, mientras que la chuquisaqueña Savina Cuéllar anunció que finalmente no lo hará a pedido de su región.
Intereses autonómicos
Los prefectos opositores reclaman al Gobierno la restitución de un porcentaje de la renta petrolera que se les redujo el año pasado para destinar esos fondos al pago de un bono de vejez.
Por otra parte, el Gobierno desactivó temporalmente un grave conflicto social al alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para iniciar reuniones que analicen las reformas a la ley de pensiones que solicitan los sindicatos.
Además, como establece la normativa, la Corte Nacional Electoral (CNE) asumió hoy el control de la Policía y el Ejército para garantizar la consulta, que contará con unos 300 observadores enviados por los Gobiernos de América, Europa y organizaciones internacionales.
La administración de Morales se vio obligada a emitir anoche un decreto con las prohibiciones para ciudadanos en las horas previas y durante la jornada de votación y que van desde el veto al consumo de alcohol hasta la circulación en vehículos sin autorización.
La decisión fue tomada después de que los prefectos de La Paz, Cochabamba, Beni y Pando se negaran a emitir las resoluciones en ese sentido, porque creen que el referendo es ilegal.
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