El acercamiento entre el Gobierno y los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija fue convocado por Morales tras su ratificación en el referéndum revocatorio del pasado domingo, del que también salieron airosos cuatro de los seis gobernadores que se oponen al proyecto político de Morales.
Del el encuentro de los Prefectos con Evo solo se rescata un punto en común según los prefectos: la necesidad de discutir las diferencias. Sin embargo, hasta las diferencias se resuelvan, los prefectos acordaron realizar paros cívicos en cinco departamentos el próximo martes.
Esa decisión se tomó en la rebelde Santa Cruz tras haber escuchado la propuesta del gobierno de Morales, que consideraron insatisfactoria.
El paro, de 24 horas, será en defensa del reparto interno de un llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), tendrá lugar el próximo el martes en estas cinco regiones y será el inicio de una serie de medidas de presión, anunciaron los prefectos.
Las cinco gobernaciones exigieron a Morales la reposición de fondos regionales producto del IDH que el poder ejecutivo les quitó el año pasado.
La evaluación del Presidente
"Lo que siento de manera general es que los prefectos sólo quieren plata y no quieren tocar una cuestión política", afirmó el mandatario indígena al evaluar los alcances de la reunión, en una señal de que las posiciones continúan polarizadas.
Morales reveló que el Gobierno realizó "una propuesta escrita" en la que deja constancia de su disposición a revisar el recorte del impuesto petrolero a las regiones cuya devolución es para las regiones rebeldes una condición ineludible para pactar acuerdos en otros temas.
El Presidente insistió en que los prefectos centran sus demandas en la devolución del IDH sin tomar en cuenta que, por los resultados del referendo revocatorio, "el pueblo boliviano quiere cambios profundos en lo estructural y en lo político".
Dijo que la propuesta gubernamental plantea un nuevo pacto fiscal en el tema del IDH, un pacto para consolidar las autonomías que demandan las regiones opositoras y otro institucional para designar autoridades en cargos de entidades públicas que están acéfalos, como el Tribunal Constitucional.
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