Un artefacto explosivo fue lanzado hoy contra la sede del opositor comité cívico-empresarial del departamento amazónico de Beni sin causar daños personales, informó el dirigente e la organización Rogelio López.
"A eso de las 5 de la mañana han lanzado una bomba molotov al salón de reuniones en el segundo piso del Comité Cívico del Beni (noreste)" , afirmó el líder civil López, entrevistado por la radio privada Panamericana.
Dijo que el explosivo casero quemó parte uno de los ambientes y no dejó daños personales, mientras la Policía local anunció que comenzaba una investigación.
El incidente se produce en medio de una beligerancia política que va en aumento, luego de que prefectos y líderes civiles de cinco de los nueve departamentos, enfrentados al presidente Evo Morales, anunciaron un corte de rutas en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
En la otra banda, sindicatos campesinos y obreros oficialistas también anunciaron marchas para obligar al Congreso a aprobar una ley de convocatoria a referendo para aprobar la nueva Constitución de corte indígena y estatista.
Por el otro lado, el gobierno boliviano decretó que las respectivas prefecturas paguen los daños que ocasionen a los edificios públicos, carreteras o empresas del Estado, los grupos afines a los gobiernos regionales.
El gobierno del presidente Evo Morales emitió un Decreto Supremo que sanciona con descuentos de recursos a las prefecturas departamentales que promuevan saqueos y ataques contra las entidades públicas.
"Los gastos que demanden la reparación de daños provocados por estos actos de vandalismo serán financiados con recursos que les pudiera corresponder a las prefecturas de departamento", señala la disposición oficial.
El decreto que fue leído por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en Palacio Quemado, sede del Ejecutivo en la ciudad de La Paz, autoriza al Ministerio de Hacienda a tomar de las cuentas los montos de los daños.
Con esa medida se pretende frenar el desorden en las regiones de Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y Tarija, opositoras al gobierno donde los prefectos (gobernadores) promueven una serie de protestas para reclamar la devolución de 270 millones de dólares de impuestos.
El ministro Rada aseguró que este será un freno "para las prefecturas que están actuando de manera antidemocrática y violenta que busca atacar el patrimonio público de todos los bolivianos".
Asimismo desde hace una semana tres ricas provincias gasíferas del Chaco boliviano, colindantes con Argentina y Paraguay, han cortado todo tráfico vial, en contra de la nueva Carta Magna y para que el gobierno les devuelva fondos públicos de un impuesto petrolero.
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