En un marco de ultimatums, protestas amenazas y bloqueos, el Presidente boliviano, Evo Morales, y cinco prefectos rebeldes abrieron la posibilidad de instalar un diálogo institucional.
Morales, expresó su disposición a sentarse en la misma mesa con los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, que en las últimas horas enviaron sendas notas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Iglesia Católica para que coadyuven en la búsqueda de acuerdos.
"Vamos a esperar la voluntad de los prefectos", afirmó el martes el gobernante en una concentración oficialista en la ciudad de Tarija (sur), en momentos en que se encuentra presionado por una oposición regional, que rechaza su visión de país de corte estatista e indigenista.
Amenaza de Evo
Morales advirtió que si se repite el fracaso de otros diálogos, que se realizaron también con la mediación de la OEA, la jerarquía católica y un grupo de países de la región, se va "a aprobar por decreto la nueva Constitución".
Los planes del oficialismo apuntan a validar en un referendo el texto de una nueva Constitución, aprobado en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente y congelado por el fuerte rechazo de los opositores. Sin embargo, todavía no se precisó como se superarán las limitaciones legales para una consulta por decreto presidencial y sin aprobación del Parlamento.
"Hemos hecho tres diálogos (desde enero) y la oposición y las fuerzas conservadoras han respondido con la violencia y el bloqueo", dijo por su lado el vicepresidente boliviano, Álvaro García, aclarando sin embargo que "hay la voluntad de acordar" una agenda con los prefectos opositores.
La posición de los prefectos
Sobre la perspectiva de diálogo, los cuatro prefectos rebeldes Costas, Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando) y Mario Cossío (Tarija) se reunieron el miércoles en un poblado al sur del país, para reiterar su adhesión a un acercamiento con Morales, pero, a la vez afirmando su rechazo a la nueva Constitución del gobierno y anunciando más protestas contra el oficialismo.
"Se ha llegado al acuerdo de que en caso que el gobierno quiera imponer su ilegal referendo, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios", dijo el prefecto Cossío, al dar a conocer las conclusiones, a las que se adhirió posteriormente la primera autoridad de Chuquisaca, la quechua Savina Cuéllar, que no asistió al encuentro.
También anunció que decidieron ampliar a otros departamentos el corte de rutas que realizan desde el lunes tres ricas regiones gasíferas del Chaco boliviano, fronterizas con Argentina y Paraguay, en contra del gobierno y por una serie de demandas.
"Cada uno de los departamentos (opositores) empezarán a mostrar iniciativas de movilización abierta en las siguientes horas", aseguró el prefecto Cossío.
Las protestas en el Chaco se realizan, tras la decisión de líderes civiles de las tres regiones de declararse el viernes "en pie de guerra", en rechazo al proyecto de Constitución y para que el gobierno restituya a los nueve departamentos unos 166 millones de dólares que les retiró el año pasado.
Adicionalmente, estas tres regiones piden que Argentina y Brasil -los dos destinos de exportación del gas boliviano- paguen al menos el doble por el precio del gas natural.
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