Los opositores al presidente de Bolivia, Evo Morales, bloquearon hoy varias carreteras en la zona del Chaco (sureste), entre ellas la ruta que comunica al país con Argentina, en demanda de la devolución de sus ingresos petroleros.
El principal corte de rutas fue instalado en Yacuiba (sur), localidad fronteriza con Argentina y situada en el departamento boliviano de Tarija, informaron hoy medios locales.
Los opositores a Morales en la zona del Chaco, que se extiende por las regiones de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, han iniciado un bloqueo indefinido de rutas que se enmarca en el plan de protestas organizado por los dirigentes autonomistas de las regiones de la llamada "media luna".
La demanda
El objetivo de estas medidas de presión es exigir la devolución de los ingresos petroleros que el Gobierno de Morales recortó a las regiones a comienzos de este año para pagar una ayuda directa a los mayores de 60 años.
Los dirigentes de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca también se oponen a la nueva Carta Magna que impulsa Morales, a quien sus seguidores le plantearon el pasado fin de semana que convoque mediante decreto los referendos necesarios para ratificar definitivamente el texto constitucional.
Los cortes de ruta
En Yacuiba, los cívicos bloquean desde hoy la frontera en San José de Pocitos y no descartan extender el corte hacia el puente internacional que comunica Bolivia con Argentina, informaron medios de comunicación presentes en la zona.
También hay cortes de carreteras en el tarijeño municipio de Villamontes, con bloqueos en las salidas hacia Paraguay, hacia Argentina y hacia el departamento vecino de Santa Cruz, según reportó la red Erbol.
Control del Gobierno
Ante el anuncio de estos bloqueos y el temor a que los opositores tomen campos petroleros o corten gasoductos de la zona del Chaco, el Gobierno ha reforzado la presencia militar en estas instalaciones.
Sin embargo, por el momento, los bloqueos de vías no han afectado la actividad de los campos hidrocarburíferos de la zona, dijeron fuentes del sector.
El Gobierno de Evo Morales ha aprobado, además, un decreto que advierte con juicios penales y cobros a las autoridades regionales o municipales que encabecen protestas que causen daños a instalaciones petroleras en Bolivia.
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